El grupo municipal de Zaragoza en Común en el Ayuntamiento de Zaragoza ha denunciado que las ayudas de urgencia municipales dirigidas al pago de la electricidad de las familias vulnerables apenas han alcanzado el 58% del importe que se dedicó a este fin en el año 2019, pese al fuerte incremento de los precios de la luz en este último año.
Según los datos aportados por el consistorio, hasta el 31 de agosto se habían tramitado por este concepto 1.025 ayudas por una cuantía total de 191.524 euros, una cantidad que se encuentra “muy lejos” de las ayudas tramitadas en cualquiera de los años anteriores, ha advertido la concejala de la formación, Luisa Broto.
(2021 – 1.025 ayudas con una cuantía de 191.524 euros)
(2017- 2.575 ayudas con una cuantía de 398.000 euros)
(2019 – 1.321 ayudas con una cuantía de 326.649 euros)
En este sentido, ha expresado que “tomar como referencia los datos de 2020 no deja de ser una broma de mal gusto cuando durante buena parte de este año se prohibió a los Centros Municipales de Servicios Sociales la tramitación de estas ayudas, lo que hizo que cayeran a su mínimo histórico en los últimos diez años, situándose en apenas 504 ayudas por un importe de 101.653 euros”.
Intentar además vincular el incremento de estas ayudas al incremento del precio de la electricidad, como lo han intentado recientemente tanto el Alcalde Jorge Azcón como del consejero Angel Lorén, diciendo que estas se han duplicado en 2020 al hacer referencia al coste energético, es directamente una falacia, ha señalado Broto.
En este sentido, la edil ha explicado que “son las restricciones establecidas por el Sr. Lorén las que están suponiendo una caída en la tramitación de Ayudas de Urgencia destinadas a suministro eléctrico y el resto de conceptos no destinados a alimentación”.
La concejala ha querido ahondar en cómo se tramitan estas ayudas: se considera que una ayuda superior a 35 euros mensuales (60 en el caso de familias de cuatro miembros) es un “gasto excesivo” por lo que si no existe un informe justificativo son denegadas. A esto “se une la obligatoriedad de cumplimiento de determinadas condiciones, como la asistencia a un asesoramiento energético, sopena de denegación de la ayuda, la alta burocratización en la gestión de estas, o el que su valoración final no es realizada directamente por los trabajadores sociales o el propio Servicio de Acción Social, sino por Intervención Municipal que en última instancia decide si dichas ayudas son adecuadas o no, en un claro caso de injerencia profesional”, ha explicado.
Por ello, Zaragoza en Común ha exigido que se entienda la pobreza energética como un problema de carácter estructural, vinculado a los altos beneficios de las grandes empresas eléctricas. “Exigimos al Gobierno de PP-Cs que retiren las restricciones existentes en la tramitación de estas ayudas”