El grupo municipal de Zaragoza en Común en el Ayuntamiento ha denunciado el uso que el gobierno de PP-Cs quiere realizar del dinero del remanente municipal, al destinar más de 33 millones de euros a pagar las revisiones de precios de las grandes contratas, en lugar de gastarlo en políticas sociales, tal y como establecen los Decretos del Estado 8/2020 y 11/2020.
El Ayuntamiento de Zaragoza cuenta con 40,5 millones de euros de remanente, un
montante económico del que podría detraerse el 20% para políticas sociales, tras
acometer los gastos a los que le obliga la Ley (9,2 millones en facturas pendientes de
pagar y 2,6 millones en Inversiones Financieramente Sostenibles).
Por esta razón, Zaragoza en Común ha pedido que se establezcan planes de pago
con las empresas para así abonar las cantidades correspondientes, evitar
generar intereses de demora y, al mismo tiempo, disponer del 20% del remanente
-cantidad permitida por ley- para destinarlo a gasto social.
“A pesar de que compartimos la conveniencia de no esperar a que esas revisiones de
precios se judicialicen, consideramos que habría que negociar unos planes de pago
con las empresas, tal y como hicimos en la anterior legislatura, lo que también evitaría
la generación de intereses de demora y abriría la posibilidad de realizar una
importante inversión social de entre 5 y 6 millones de euros. Se pueden pagar
esas deudas y a la vez aumentar el gasto social, pero el Gobierno PP-Cs prefiere
dedicar el dinero municipal a grandes empresas en lugar de destinarlo a políticas
sociales”, ha señalado Santisteve.
En la situación actual, el Ayuntamiento destinará alrededor de 37 millones al pago de
las deudas de las sentencias firmes por revisión de precios (principalmente para FCC y
Avanza), a las facturas pendientes de pagar y a las Inversiones Financieramente
Sostenibles. Sin embargo, la consejera María Navarro ha solicitado 37 millones al
Fondo de Impulso Económico (FIE) para pagar las sentencias firmes, con lo que hay
margen en el remanente municipal para acometer inversión social.
“No estamos hablando de deudas con autónomos o PYMEs que sufren por falta
de liquidez, sino de grandes multinacionales que no tienen ninguna necesidad de
cobrar enseguida esas cantidades, ya que son más que solventes para ir recibiendo
ese dinero poco a poco. Negociar un plan de pago, como hicimos en la anterior
legislatura, permitiría pagar a las empresas, no aumentar la deuda e invertir en gasto
social”, ha insistido Pedro Santisteve.
“No podemos permitirnos desaprovechar la oportunidad de gastar el 20% del
remanente en gasto social, en un momento de desempleo masivo y pobreza creciente”,
ha concluido.