El rechazo de PSOE, Podemos, CHA y PAR a apoyar esta mañana una propuesta del Partido Popular para la instalación progresiva de medidores de CO2 en las aulas de los colegios ha suscitado las críticas de la portavoz popular de Educación Pilar Cortés, al tratarse de una medida cuya implantación hubiera aportado certidumbre a profesores, alumnos y padres sobre la calidad del aire en las clases y, por lo tanto, habría ayudado a conocer el grado de seguridad ambiental frente a los contagios por coronavirus, “queremos saber cuál es la calidad del aire en cada momento y que espacios necesitan, o no, de otras medidas. Hay centros educativos que la ventilación es fácil y no necesitarían otras medidas para poder mantener esa calidad pero los propios directores de los centros no están diciendo que hay otros espacios en los que es muy difícil mantener esa ventilación y mantener esa calidad del aire”.
La constatación de la transmisión aérea del virus y su alto grado de permanencia temporal en espacios cerrados aconsejan una ventilación constante, sin obviar otras medidas ya generalizadas como la utilización de mascarillas o guardar la distancia de seguridad, por lo que tal y como defendió la parlamentaria del Partido Popular “monitorizar los niveles de dióxido de carbono en las aulas, donde puede haber una media de veinte alumnos según los colegios, es una opción que el Gobierno de Aragón debería plantearse en beneficio de la salud de profesores y estudiantes”.
Desde el inicio del curso escolar la ausencia de respuesta del Gobierno de Aragón ha tenido que ser compensada con la iniciativa social, “estamos viendo como los propios centros educativos, las familias de los niños de determinadas clases, las ampas están haciendo un esfuerzo económico para comprar esos medidores de C02 y comprobar la calidad del aire de las aulas, para que todos esos recintos esos espacios educativos sigan siendo seguros”, dijo la diputada en su intervención.
En esta línea la propuesta planteada en la comisión de Educación del Parlamento autonómico pretendía dar continuidad en todos los colegios de Aragón al camino iniciado por el Ayuntamiento de Zaragoza en colaboración con la Universidad para la instalación de medidores de dióxido de carbono, que el equipo de Gobierno municipal repartirá a más de la mitad los centros escolares públicos de Infantil y Primaria de la capital aragonesa. La proposición no de ley permitía además al Gobierno de Aragón desarrollar sus competencias en salud pública y educación que le corresponden “por lo que sería oportuno que el Ejecutivo ejerciera las atribuciones que tiene encomendadas en unos momentos donde puede desplegarlas con mayor efectividad”.
La portavoz de Educación del Partido Popular ya explicó en su día la relevante inversión necesaria para acometer su propuesta en todas las aulas de los colegios aragoneses, por lo que sugirió una implantación progresiva y de acuerdo a los estudios científicos existentes respecto a la vulnerabilidad de los diferentes grupos de edad. Una inversión que “se recuperaría al reducir el estrés causado al sistema sanitario público por el tratamiento de la COVID-19, y además ayudaría a generar un mayor grado de confianza en las familias”.
