La Sección Sindical de CGT en la Administración del Estado, ante la alerta surgida por la publicación de un estudio de las autoridades sanitarias de Canadá sobre la posible toxicidad pulmonar por nanopartículas de grafeno presentes en las mascarillas FFP2 de la marca Shenquean-Iturri, y teniendo conocimiento de su uso por empleados públicos de la Dirección General de Tráfico comunicó, el pasado 13 de abril, esta circunstancia tanto al Comité de Seguridad y Salud de los Servicios Periféricos de la Administración Estatal como a Jefatura Provincial de Tráfico de Zaragoza, solicitando su inmediata retirada y sustitución.
Estas mascarillas han sido utilizadas durante el período comprendido entre mayo de 2020 y marzo del 2021, al menos por el colectivo de examinadores de Tráfico así como por el personal perteneciente a la Unidad de Medios Aéreos. Hemos de señalar que si bien es cierto que en Zaragoza este tipo de mascarilla fue retirada con anterioridad a la alerta sanitaria de Canadá, resulta sorprendente la respuesta obtenida de los Servicios de Prevención de la Subdirección General de RRHH del Ministerio de Política Territorial y Función Pública ante nuestra comunicación, en el sentido de que debían emplearse las mascarillas en aquellos puestos de trabajo donde la evaluación de riesgos frente al COVID-19 determinó que era precisa su utilización. Máxime teniendo en cuenta que, conforme al principio de precaución, la propia Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) solicitó el cese de su comercialización, procediendo a evaluar sus riesgos y aconsejando notificar cualquier incidente a través del portal del sistema español de vigilancia de productos sanitarios.
También resulta sorprendente que a pesar de nuestros requerimientos y al parecer desconociendo tanto lo dispuesto en la propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales como en su propia normativa, la Administración Estatal se niegue a informarnos sobre sus posibles actuaciones, desconociendo a fecha actual si se va a realizar una vigilancia específica de la salud de los empleados públicos afectados.
