En Aragón se abonan anualmente 83,2 millones de euros en prestaciones directas a personas en situación de vulnerabilidad (entre el pago del IMV, el IAI, las Ayudas de Integración Familiar (AIF), el complemento a las pensiones no contributivas y las ayudas de urgente necesidad) y se destinan cerca de 15 millones, en forma de programas o subvenciones, a entidades que trabajan con colectivos en situación de vulnerabilidad. En total, cerca de 99 millones de euros “que tienen como objetivo que las personas que peor lo están pasando tengan la ayuda que necesitan en un momento de dificultad”. Son los datos que ha ofrecido esta mañana la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, en la rueda de prensa que ha ofrecido, junto al secretario general técnico, José Antonio Jiménez, para explicar cómo se está trabajando desde este Departamento ante la emergencia social. En concreto, entre el IAI, AIF y IMV se llega a 37.000 aragoneses.
“Trabajamos con el objetivo de que nadie se quede atrás, de dar respuesta a la emergencia social y de asentar las bases para que las diferencias sociales, que son enormes y que se han agravado con la pandemia, no resulten insalvables. Estas prestaciones directas permiten a las familias vivir con dignidad. Son prestaciones justas, combaten la desigualdad y contienen la pobreza infantil. En definitiva, logran una sociedad más segura y un retorno económico”, ha explicado la consejera a lo largo de su comparecencia ante los medios de comunicación, donde ha desgranado también cómo se va a poner en marcha la Prestación Complementaria Aragonesa, aprobada sin votos en contra en las Cortes de Aragón, y que nace para cubrir las situaciones a las que no llega el Ingreso Mínimo Vital puesto en marcha por el Gobierno central hace justo un año. Este texto, publicado ya en el BOA se encuentra en fase de desarrollo reglamentario.
Sobre los datos globales, María Victoria Broto ha detallado que, en este momento, en Aragón, se abonan mensualmente 13.540 prestaciones directas a familias o personas a través del IMV, el IAI (que aún se sigue pagando) y las Ayudas de Integración Familiar. Esto supone, que en estas prestaciones se invierte, cada mes, casi seis millones de euros (3,2 del IMV, 2,2 del IAI y medio millón de las AIF). En concreto, están percibiendo el IMV 7.182 titulares y el IAI lo cobran 5.756 personas (2.547 de ellas reciben complemento del IMV), así que el total de nóminas es de 10.391, lo que sumado a las 3.149 Ayudas de Integración Familiar que se pagaron en el mes de mayo hacen el total mensual de 13.540 nóminas directas. Sobre estos datos, la consejera ha subrayado que de las 7.182 personas que reciben el IMV, 2.334 no recibían ninguna prestación anteriormente.
Referente en España
El cómputo anual que suponen para las arcas públicas las citadas prestaciones (tanto de Gobierno de España como del de Aragón) se eleva a 71,2 millones de euros, 22 millones por encima de lo que hasta 2020 se dedicaba a estos pagos directos. “Es cierto que nos hubiera gustado que le IMV fuera más rápido, pero también lo es que estos datos demuestran que el ingreso está llegando a nuevos perceptores y que, en la práctica, se han ampliado las ayudas para dar respuesta a la complicada situación actual”, ha subrayado la consejera, que ha recordado el esfuerzo realizado por Aragón para la convalidación de los IAI en IMV, un trabajo que ha servido de modelo para que el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social lo utilice en otras Comunidades. Entre el IMV, las AIF y el IAI se llega a 37.000 aragoneses.
A estas cifras, que suponen pagos directos, el secretario general técnico del Departamento de Ciudadanía ha añadido los 8.7 millones de euros que en 2020 se abonaron en Ayudas de Urgencia específicas o los 340.783 euros destinados para el pago del consumo energético. “Estas ayudas de urgente necesidad, que son abonadas directamente por las entidades locales a quienes las necesitan, son financiadas desde el Gobierno de Aragón”. Del mismo modo, hay que sumar los 3,4 millones de euros que el Departamento destina, cada año, a complementar las pensiones no contributivas. De esta manera, los pagos anuales directos suman 83,2 millones de euros.
Respecto a las ayudas indirectas, que llegan a también a colectivos en situación de vulnerabilidad, el Departamento de Ciudadanía destinará en 2021 más de 15 millones de euros que llegan en forma de programas específicos (como los de fomento y apoyo a la inclusión, los itinerarios integrados de inclusión o becas para mayores y menores) o de subvenciones a entidades que trabajan directamente con la población que requiere de estas ayudas. Entre estas últimas cabe destacar los 9,3 millones procedentes de la “x solidaria” en la declaración de la renta; los 1,1 millones de subvenciones para inmigración; o el cerca de millón de euros en subvenciones para familias o proyectos de conciliación.
Desarrollo de la Prestación Aragonesa Complementaria
Además de desgranar estas cifras, la consejera de Ciudadanía ha destacado la voluntad del Departamento de trabajar para que las Prestación Aragonesa Complementaria entre en vigor con la mayor premura posible. “Hemos sido la primera Comunidad en aprobar esta norma y lo hemos hecho con el mayor consenso posible y sin ningún voto en contra en las Cortes de Aragón, ahora toca aplicarla a la mayor brevedad”, ha dicho Broto. Sobre este desarrollo, el Secretario General Técnico ha indicado que el Departamento trabaja ya en el Reglamento de la ley, que marca un plazo de cuatro meses para su aplicación y de dos para contar con la plataforma informática que permita su puesta en marcha.
José Antonio Jiménez ha recordado, tal como indica el texto publicado en el BOA el 25 de mayo, que esta prestación nace para complementar a aquellos ciudadanos que “encontrándose en situación de vulnerabilidad no pueden cobrar el IMV”. Entre ellos, se encuentran los jóvenes de entre 18 y 30 años que acrediten un domicilio distinto al de sus padres durante un año y nueve meses de alta en la Seguridad Social; los de entre 18 y 22 años que hayan estado bajo tutela del Gobierno de Aragón y estén adscritos a programas de autonomía o transición a la vida adulta; los menores emancipados que tengan dependientes a su cargo; las unidades de convivencia con menores a su cargo que hayan agotado el programa de protección internacional y estén a la espera de regular su situación para acceder al IMV y tengan informes sociales favorables; las mujeres y unidades familiares víctimas de violencia machista, previo certificado; o los solicitantes de asilo o refugio mientras están tramitando la solicitud.
Cabe recordar que la cantidad de origen de esta prestación son 522 euros, un 10% más que la base del IMV, por lo que en Aragón se complementará con ella a los receptores del IMV cuyo cobro esté por debajo. A partir de esa cantidad básica se aplicará a la PAC la misma escala de incremento (en los diferentes supuestos que pueden darse) que contempla el IMV. Una de las novedades importantes de la prestación aragonesa es que prevé un pago del 5% adicional a la cuantía de la prestación que reciba el perceptor en caso de poder presentar un contrato de alquiler o gastos de hipoteca. Este supuesto desaparecerá si el IMV contempla su pago en la reforma que hay prevista.
Jiménez ha recordado, además, que, pese a que el IAI es una prestación ya derogada, una parte importante de quienes lo perciben van a seguir haciéndolo hasta que la Seguridad Social aplique la revisión sobre el IMV con los datos económicos de 2020, momento en el que volverá a analizarse la situación del perceptor. También lo seguirán cobrando aquellos que no han solicitado el IMV o han tenido desestimación siempre que presenten la solicitud del IMV antes del 30 de septiembre y hasta la resolución por parte de la Seguridad Social de su expediente. Del mismo modo, seguirán en esta nómina quienes sí han solicitado el IMV, pero no tienen aún respuesta.
El objetivo de la prórroga en estos supuestos del IAI, de la nueva prestación y del trabajo que sigue realizándose con la Seguridad Social para continuar con la convalidación de los IAI en IMV “es garantizar la dignidad de las personas y las familias que peor lo están pasando en esta crisis social que ha traído la pandemia”, ha concluido Broto, que ha querido subrayar el papel que tienen en combatir la desigualdad y contener la pobreza infantil.
