El Gobierno de Aragón impulsa el proyecto de ley de presupuestos de 2022. Tras la aprobación del techo de gasto -el segundo mayor de la historia al superar los 6.000 millones de euros-, los cuatro partidos que conforman el ejecutivo autonómico han alcanzado un acuerdo político para impulsar las cuentas del próximo año que se aprobarán en los próximos días en un Consejo de Gobierno extraordinario.
En la reunión mantenida hoy también se ha acordado priorizar e impulsar medidas que forman parte del acuerdo de gobierno entre PSOE, Podemos, CHA y PAR para seguir avanzando en el desarrollo económico y social de la Comunidad aragonesa en la segunda parte de la legislatura.
En un primer bloque de medidas, se incluyen las que tienen que ver con la defensa de los intereses de los aragoneses y el autogobierno. La defensa de una financiación autonómica justa, acorde al coste real de los servicios, y del acuerdo bilateral económico-financiero incluido en el Estatuto de Autonomía supone una de las prioridades que el cuatripartito se ha marcado para la segunda parte de la legislatura, así como reformar el Estatuto para suprimir los aforamientos de los miembros de las Cortes y del Gobierno de Aragón. PSOE, Podemos, CHA y PAR seguirán profundizando en el autogobierno tras revelarse como una de las herramientas más eficaces para diseñar el presente y futuro de Aragón.
Vinculado a la reivindicación de una financiación autonómica justa que garantice la suficiencia de recursos de la Comunidad, el combate contra la despoblación seguirá impregnando la acción del Ejecutivo autonómico con medidas como el impulso del fondo de cohesión territorial, el mapa concesional de transporte de viajeros por carretera y el Plan Extraordinario de inversiones en carreteras 2023-2025 con una inversión prevista de 540 millones y la actuación en 11 itinerarios estratégicos de vías aragonesas. Los programas de comercio y multiservicios rurales y las inversiones turísticas también forman parte de las políticas transversales contra la despoblación, así como la aprobación de los convenios de transición justa para las zonas afectadas por la descarbonización.
En un segundo bloque, el cuatripartito seguirá trabajando por la recuperación económica a partir de un modelo productivo consolidado en torno a sectores como la logística, las energías renovables, la agroalimentación, la economía digital, la movilidad sostenible, el turismo, el sector farmacéutico, la economía circular y la cultura.
En esta línea, se ultima un nuevo plan logístico de Aragón que permita seguir instalando empresas en el territorio aragonés gracias a su situación estratégica y a las potencialidades de la Comunidad. La autopista ferroviaria entre Zaragoza y Algeciras, la ampliación del aeropuerto de Teruel, el corredor cantábrico-mediterráneo y la reapertura de la línea internacional del Canfranc son infraestructuras prioritarias para el cuatripartito.
La apuesta por las comunidades energéticas para que el desarrollo de las renovables repercuta en los ciudadanos y los territorios, el impulso al autoconsumo, la movilidad eléctrica, la apuesta por el hidrógeno, la reversión de las concesiones hidroeléctricas que caducan para la gestión pública con beneficio directo a las subcuencas afectadas, una nueva ley de cambio climático y las políticas para avanzar en la eficiencia energética también constituyen la lista de prioridades para los próximos meses. Además, el Ejecutivo autonómico seguirá apostando por la Formación Profesional como una de las políticas fundamentales y, en concreto, por la FP digital, además de seguir ayudando con convocatorias públicas a la digitalización de la industria y pymes aragonesas.
Sin duda, será la gestión de los fondos europeos uno de los retos a los que se enfrenta el Gobierno aragonés en los próximos meses con el objetivo de transformar la Comunidad y acelerar reformas de la mano de la colaboración público-privada.
En ese propósito de conseguir un Aragón verde, social y digital, el Ejecutivo autonómico seguirá consolidando los servicios públicos y avanzando en la igualdad de oportunidades de los aragoneses con iniciativas como la ley de vivienda, la reforma de normas que impidan las custodias compartidas para padres maltratadores o la inclusión de conceptos como la violencia vicaria y medidas que protejan a las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas, y la elaboración de un nuevo Plan de Salud Mental hasta 2026 que incluya una ampliación de las ratios de personal.
