El grupo parlamentario de Ciudadanos en las Cortes de Aragón ha instado al Gobierno aragonés a que, a través del Instituto Aragonés de la Mujer, se elabore una estrategia para abordar la detección y el apoyo integral a mujeres mayores de 65 años víctimas de violencia de género. Así lo ha solicitado la formación liberal en una proposición no de ley registrada para su tramitación en la Comisión de Institucional y Desarrollo Estatutario.
Según la propuesta, la estrategia tendrá como principales objetivos promover servicios, recursos y medidas que permitan a las mujeres mayores salir de relaciones de pareja en las que sufren malos tratos; informar sobre los recursos de atención a violencia de género y ofrecer formación sobre malos tratos y violencia de genero a mayores para profesionales que trabajan con personas mayores de forma especial en el ámbito social y socio sanitario; formar en perspectiva de género y envejecimiento a los operadores jurídicos que intervienen en los procedimientos judiciales de violencia de género.
Asimismo, se desea mejorar el trabajo interinstitucional, creando un protocolo de intervención conjunta para aquellas áreas de atención a personas mayores y los servicios especializados en violencia de género; mejorar el acceso a los espacios y servicios especializados, incluyendo recursos especializados a domicilio; reforzar las alternativas habitacionales, orientadas a todas las situaciones en las que se puedan encontrar las mujeres mayores, teniendo en cuenta también su estado de salud; así como promover campañas de prevención y detección de la violencia de género que tengan como protagonistas a mujeres mayores.
La diputada de Cs, Beatriz García, ha advertido de que la violencia machista que sufren las mujeres comprendidas en la franja de edad de más de 65 años “es de las más invisibilizadas: son las que menos buscan ayuda, las que menos denuncian y las que menos órdenes de alejamiento piden y también las que sufren menos asesinatos”. Sin embargo, los datos de 2021 muestran un aumento de estos: de las 42 mujeres asesinadas, diez de ellas eran mayores de 65 años, lo que representa un 23,8 por ciento del total. “La violencia extrema que acaba en asesinatos es sólo la punta de un iceberg que oculta la violencia que soportan las mujeres mayores durante décadas y que permanece oculta”, ha aseverado.
Además, ha observado que uno de los principales problemas es que las mujeres mayores en muchas ocasiones no detectan como violencia lo que viven en su día a día, por lo que los estudios y las estadísticas sobre las mujeres que la sufren son “sesgados y poco fiables cuantitativamente”. Para responder si eres víctima de violencia de género, primero tienes que autoidentificarte como maltratada, pero las mujeres mayores se autoidentifican mucho menos que el resto en esa situación, ha recalcado, al indicar que muchas de ellas no identifican el maltrato ni los insultos, ni las vejaciones, ni el maltrato verbal ni el sometimiento impuesto como formas claras de violencia sobre ellas.
“Las administraciones están poco preparadas para atender las necesidades de las mujeres mayores víctimas de violencia de género”, ha continuado la parlamentaria liberal. Ha apuntado que se trata de un grupo que suele tener grandes necesidades económicas porque aunque algunas han trabajado toda la vida, nunca han tenido contratos, o lo han hecho en negocios familiares o apoyando a los maridos. “Otro factor importante a tener en cuenta es que las cifras nos dicen que las mujeres mayores no suelen romper con la relación de violencia o les cuesta mucho más tomar esa decisión” y la situación se agrava en zonas rurales, donde “sufren mayor desprotección y tienen menos posibilidades para contar con recursos de apoyo (vivienda, protección, movilidad)”.
Por ello “es tan importante entender las necesidades de estas mujeres, porque se precisan políticas públicas que tengan en cuenta todo este abanico de medidas que se deben implementar”. Desde la necesidad de acercar los servicios a las mujeres y no al revés; trabajar psicológicamente con varios miembros de la familia; tener disponibles pisos adaptados por si necesitan salir de su casa; o tener prevista la necesidad de una pensión, puesto que la mayoría no tienen recursos económicos ni forma de conseguirlos; formar a los profesionales que intervienen en todo tipo de atención a estas mujeres; facilitar el acceso a los recursos valorando las circunstancias que suponen un impedimento; “en definitiva dotar de conocimiento y de una ruta de apoyo a estas mujeres”, ha concluido la diputada.
