El Gobierno de Aragón ha aprobado hoy un decreto ley que adopta medidas excepcionales y urgentes en materia de revisión de precios en las obras públicas. De esta manera, el Ejecutivo aragonés pretende paliar los efectos que la coincidencia de la crisis sanitaria y la guerra de Ucrania están teniendo en el precio de los materiales, un alza que está generando dificultades en la ejecución de los contratos. La norma afecta asimismo a los contratos de servicios y suministros necesarios para la ejecución de la obra pública.
Así, al igual que ha hecho en otras ocasiones, el Gobierno de Aragón ha buscado los instrumentos que sean capaces de atender a todos los sectores que se puedan ver afectados por el encarecimiento de los precios. De esta manera, junto al listado de materiales especificados por el Gobierno de España (siderúrgicos, bituminosos, aluminio y cobre) se introducen los cementos, materiales cerámicos, madera, productos plásticos, áridos y rocas y vidrio.
La intervención del Gobierno aragonés afecta también a los contratos de suministros y servicios necesarios para la ejecución de la obra pública, de manera que da cabida a los contratos de conservación y mantenimiento de carreteras, a la conservación y mantenimiento de edificios públicos y al suministro de los materiales necesarios.
Además, se establecen otras medidas complementarias para abarcar todos los problemas surgidos con los contratistas de obras públicas, tales como la posibilidad de sustituir los materiales por otros siempre que no se altere ni la funcionalidad de los mismos ni la seguridad de la obra.
También decaerá la posibilidad de imponer sanciones a las contratistas si se demuestra que los posibles retrasos en la ejecución de los contratos están provocados por la demora en el suministro de materiales.
