El Consejo de Ministros celebrado esta semana ha aprobado, a instancia de la ministra de Sanidad Carolina Darias, la propuesta de distribución territorial para el ejercicio presupuestario de 2022 de 16 millones de euros destinados al Plan de Acción Mental, de los cuales Aragón contará con 502.917,3 euros. El acuerdo se someterá al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).
Estos fondos estarán gestionados por las comunidades autónomas y el INGESA, y servirán para impulsar las acciones del Plan de Acción de Salud Mental 2022-2024, que tiene como objetivo afrontar los efectos en la salud mental de la población generados por la pandemia de la COVID-19, mediante el desarrollo de acciones priorizadas de la Estrategia de Salud Mental 2022-2026 en todos los ámbitos del SNS.
Las acciones, cofinanciadas por el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas e INGESA, se llevan a cabo a través de seis líneas de actuación encuadradas en la optimización de la atención integral a la salud mental en todos los ámbitos del SNS, como por ejemplo mejoras en transformación digital. Además, en esta financiación se incluyen mecanismos y acciones para luchar contra la estigmatización de las personas con problemas de salud mental.
Otras de las líneas a financiar están relacionadas con el desarrollo del código riesgo contra la conducta suicida o iniciativas para prevenir y atender estos casos. Asimismo, se distribuirán fondos con el objeto del establecimiento de mecanismos y circuitos ágiles para la mejora del acceso a los servicios de salud mental de las personas con conducta suicida y para el desarrollo de iniciativas de prevención en personas en situación de vulnerabilidad, como personas mayores o población infanto-juvenil.
Además, los fondos servirán para el desarrollo de programas específicos para la ayuda y apoyo a los profesionales sanitarios y socio sanitarios con problemas de salud mental relacionados con su labor asistencial con el objeto de ‘cuidar al cuidador’.
También se destinarán a acciones con las comunidades y ciudades autónomas para priorizar la implantación de programas de prevención con y sin sustancias.
