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Aragón se opone a criterios de reparto de menores migrantes

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La Consejería de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón ha reiterado su rechazo a los criterios de reparto de menores migrantes no acompañados propuestos por el Gobierno de España. La consejera Carmen Susín, quien participó en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, consideró que el acuerdo es “injusto y desleal”, argumentando que favorece a Cataluña y no toma en cuenta el esfuerzo realizado por otras Comunidades Autónomas en la acogida de estos menores.

Reunión en Madrid sin votación

La reunión, que se llevó a cabo en Madrid, fue marcada por la falta de votación. Susín expuso que, tras casi cinco horas de debate, el Gobierno central decidió no permitir la votación ante la posibilidad de perderla, incluso con Comunidades del PSOE alineándose en contra. La consejera calificó la situación de «surrealista» y criticó la negativa del Gobierno a retirar el punto del orden del día que generaba controversia.

Críticas al acuerdo y a la falta de recursos

Susín destacó que el acuerdo propuesto se basa en la desigualdad y castiga a las Comunidades que han hecho un esfuerzo por mejorar la atención a los menores. Afirmó que Aragón es una Comunidad “solidaria” que busca ofrecer la dignidad necesaria a estos menores en situación vulnerable, pero que actualmente no cuenta con los recursos suficientes para atender a un número elevado de ellos. Además, recordó que el Gobierno central no ha cumplido con un auto del Tribunal Supremo que obligaba a asumir la tutela de 1.200 menores migrantes no acompañados.

La consejera también cuestionó la inclusión de estos menores en el nuevo reparto y denunció que la propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez se realiza sin consultar a las Comunidades Autónomas, buscando favorecer a Cataluña. Asimismo, criticó que los 100 millones de euros destinados para el reparto solo benefician a ciertas Comunidades.

Aragón ha manifestado su intención de seguir oponiéndose a este Real Decreto Ley mediante acciones legales, considerando que vulnera la Constitución y no respeta la autonomía de las Comunidades.