La gestión del servicio audiovisual en las Cortes de Aragón vuelve a estar bajo el foco. El personal de la empresa Telesonic, adjudicataria del contrato actual, ha denunciado una serie de irregularidades laborales que agravan la ya prolongada inestabilidad del servicio. Desde 2021, el contrato ha sido licitado hasta en cuatro ocasiones, sin que ninguna empresa aragonesa haya resultado adjudicataria en este tiempo.
Bajo la dependencia del Servicio de Comunicación y Participación de las Cortes, dirigido por Manuel Lorenzo, las funciones y categorías de los cinco técnicos audiovisuales estaban claramente definidas en los pliegos del contrato: un jefe, dos realizadores y dos editores montadores de vídeo. Sin embargo, tras la adjudicación a Telesonic, las categorías de estos últimos han sido rebajadas sin cambios en sus funciones, afectando tanto a su proyección profesional como a sus salarios. Los realizadores han pasado a ser considerados técnicos básicos y los montadores, simples ayudantes.
Esta modificación, realizada sin consentimiento previo del responsable técnico del servicio, vulnera lo estipulado en los propios pliegos, que obligan a respetar el convenio colectivo del sector audiovisual. Algunos de los trabajadores afectados acumulan más de diez años de experiencia en las Cortes, realizando tareas especializadas que ahora no se reconocen formalmente.
A esto se suma que parte de este personal ha sido empleado por Telesonic en otros servicios públicos, como los del Ayuntamiento de Zaragoza, generando inquietud sobre un posible uso indebido de recursos humanos financiados por una institución para beneficiar otras adjudicaciones. Esta práctica ha sido denunciada reiteradamente por el Clúster Audiovisual de Aragón, que alerta del impacto que tienen las ofertas temerariamente bajas presentadas por empresas externas a la comunidad.
Empresas foráneas en la comunicación institucional aragonesa
Desde que las funciones de producción audiovisual pasaron de depender del área de Informática a la de Comunicación, la gestión del servicio ha sido objeto de múltiples reconfiguraciones. A ello se suma la desaparición de la Jefatura de Documentación, lo que ha dejado al Parlamento autonómico como una de las pocas instituciones importantes sin una empresa aragonesa a cargo de sus servicios de resúmenes de prensa. Actualmente, esta tarea la desempeña la empresa catalana Rebold, con vínculos con sectores independentistas, según algunas fuentes.
Durante estos años, han gestionado el servicio audiovisual tres empresas, ninguna de ellas aragonesa: primero una firma madrileña, luego Telesonic —que ha repetido adjudicación— y ahora Rebold en el área de Documentación. Mientras tanto, instituciones como el Gobierno de Aragón, las diputaciones provinciales y varios ayuntamientos, entre ellos el de Zaragoza, sí han apostado por empresas locales para estos servicios.
Un contrato clave en continua revisión
El único período de cierta estabilidad se vivió durante el mandato de la empresa madrileña Quality Media, que ganó el contrato por apenas medio punto frente a Telesonic y dejó claras las categorías profesionales del personal a subrogar en futuras licitaciones. En 2023, se lanzó un macroconcurso con prórrogas previstas hasta cuatro años, pero su diseño —que mezclaba funciones técnicas, periodísticas y de documentación bajo diferentes convenios— generó confusión. Aunque fue adjudicado de nuevo a Telesonic, el contrato apenas duró un año.
En 2024, la situación volvió a fojas cero. El servicio audiovisual y periodístico se volvió a licitar como un contrato separado del de resúmenes de prensa. El primero, con una duración máxima de tres años (1+2), repitió el error de mezclar convenios y mantener categorías que en la práctica no se respetan. Solo una empresa se presentó: Telesonic. El segundo contrato recayó nuevamente en Rebold.
