La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, participó este miércoles en el pleno del Comité de las Regiones, donde reafirmó el rechazo al trasvase del Ebro y la necesidad de una estrategia común para proteger el sector vinícola frente a la amenaza de aranceles. Durante la sesión, se discutieron temas de resiliencia hídrica y se presentó el dictamen sobre las normas de mercado en el sector vitivinícola.
**Rechazo al trasvase del Ebro**
Mar Vaquero enfatizó que la posición de Aragón contra el trasvase del Ebro es firme y respaldada por la ciudadanía y el Estatuto de Autonomía, que garantiza una reserva hídrica de 6.550 hectómetros cúbicos. La vicepresidenta destacó que el agua es un recurso esencial para el desarrollo de la Comunidad Autónoma y que la historia de Aragón está ligada a la defensa de este recurso como generador de oportunidades. En la actualidad, el sector primario cuenta con más de 1.000 empresas y genera aproximadamente 20.000 empleos directos, con un incremento del 60% en la última década.
Vaquero subrayó que la Unión Europea también se ha manifestado en contra de los trasvases como método de gestión del agua, alineándose con la postura aragonesa.
**Apoyo al sector vitivinícola**
La vicepresidenta también expresó la preocupación del Gobierno aragonés por la situación del sector del vino, que enfrenta riesgos arancelarios. Este sector, fundamental para la economía rural, cuenta con exportaciones que superan los 93 millones de euros y está presente en mercados internacionales como Estados Unidos y Alemania. Vaquero mencionó las iniciativas del Ejecutivo para apoyar al sector, incluyendo campañas de promoción y la colaboración con AREX para identificar nuevos mercados en países como México y Japón.
En el ámbito comunitario, la vicepresidenta solicitó que se incluya al sector vitivinícola en las políticas de la Unión Europea, así como la necesidad de armonizar normativas y destinar fondos europeos para su impulso. Además, participó en reuniones con los vicepresidentes de la Comisión Europea para defender los intereses regionales y la autonomía en la gestión de fondos, teniendo en cuenta los retos específicos que enfrenta Aragón, como la despoblación y el envejecimiento de la población.
