El Gobierno de Aragón ha expresado su aprobación tras la anulación del Real Decreto 662/2024, que regulaba la instalación de plantas fotovoltaicas flotantes en embalses. Esta decisión se produjo después de que el Tribunal Supremo respondiera a la impugnación presentada por el Ejecutivo autonómico, que tuvo lugar tras la reunión del Consejo de Gobierno del 29 de octubre de 2024.
**Argumentos del Gobierno de Aragón**
La sentencia del Tribunal Supremo tomó en cuenta los argumentos presentados por los Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón, quienes señalaron la necesidad de realizar un trámite de consulta pública previa para la creación de normativas como la que fue impugnada. Además, el alto tribunal reconoció la legitimidad del Gobierno de Aragón para interponer este recurso, basándose en sus competencias en materia energética y medioambiental, un punto que el Gobierno central había cuestionado.
La vicepresidenta y consejera de Presidencia, Justicia y Cultura, Mar Vaquero, manifestó su satisfacción por el fallo, que respalda los argumentos del Ejecutivo autonómico. Vaquero destacó que los ciudadanos de Aragón esperan que su Gobierno defienda sus derechos ante decisiones que puedan afectarles negativamente.
**Recomendaciones de las Cortes de Aragón**
El fallo del Tribunal Supremo también se alinea con las recomendaciones aprobadas por unanimidad en el pleno de las Cortes de Aragón, donde se instaba al Gobierno autonómico a no permitir la instalación de plantas fotovoltaicas en embalses ni en el Plan Energético de Aragón. Esta coincidencia refuerza la postura del Gobierno de Aragón en su defensa de los intereses de la comunidad.
