La concejal socialista Ros Cihuelo ha alertado sobre la apertura de un procedimiento sancionador contra Mémora por parte del Gobierno de Aragón, que confirma las advertencias previas del PSOE sobre la gestión del tanatorio. Cihuelo ha instado al Ayuntamiento de Zaragoza a asumir su responsabilidad tras haber adjudicado la gestión del complejo funerario a una empresa privada durante 30 años.
Zaragoza, 20 de agosto de 2026.- La concejal del PSOE, Ros Cihuelo, ha calificado de «muy preocupante» la decisión del Gobierno de Aragón de iniciar un procedimiento sancionador contra la empresa Mémora por un posible abuso de posición dominante en la gestión del Tanatorio de Torrero. Según Cihuelo, esta situación valida las advertencias que el PSOE había realizado en febrero, alertando sobre los riesgos de privatizar un servicio público esencial.
Qué se ha anunciado
El Gobierno de Aragón ha detectado indicios de prácticas abusivas por parte de Mémora, que podrían incluir condiciones desproporcionadas y restricciones a otras funerarias. Cihuelo ha señalado que estas prácticas no son meros conflictos entre empresas, sino que reflejan un problema estructural derivado de la decisión del Gobierno de Chueca de privatizar la gestión del tanatorio. “La entrega de un servicio público a una gran empresa puede generar situaciones como la que estamos viendo”, ha argumentado la concejal.
A quién afecta la medida
Cihuelo ha subrayado que esta situación no solo afecta a las familias que utilizan el tanatorio, sino también a las pequeñas funerarias de Zaragoza, que podrían verse perjudicadas por las condiciones impuestas por Mémora. La concejal ha recordado que el PSOE ya había denunciado incrementos de precios en los servicios funerarios desde la entrada en vigor del nuevo modelo de gestión, con tarifas que han llegado a multiplicarse por dos o tres en algunos casos.
La edil ha exigido al Gobierno de Chueca que colabore con la investigación abierta y que proporcione toda la información necesaria para esclarecer los hechos. Además, ha reclamado la necesidad de garantizar la libertad de elección de las familias y un acceso equitativo para todas las empresas funerarias, así como tarifas transparentes y controladas.
Cihuelo ha concluido que si la investigación del Gobierno de Aragón confirma las irregularidades, el Gobierno de Chueca deberá asumir responsabilidades políticas y corregir un modelo que ha sido objeto de críticas durante meses por parte del PSOE.
Esta información se ha elaborado a partir de una comunicación remitida a Diario Aragonés y ha sido editada y revisada por la redacción. Fuente: PSOE.