La Inspección de Consumo del Gobierno de Aragón ha visitado, en su reciente campaña de rebajas, un total de 725 comercios de todo el territorio autonómico, constatando un alto grado de cumplimiento de las obligaciones de información por parte de los establecimientos. Esta campaña, impulsada por la Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios, se ha centrado en verificar la correcta información de precios, tanto de productos en promoción como de aquellos que no están rebajados, así como en supervisar la exhibición de los carteles de duración de las rebajas y la revisión de las condiciones de venta.
De los establecimientos inspeccionados, el 58,62 % anunciaban rebajas de forma expresa. Si a estos se suman otras promociones y descuentos, el número de comercios que ofrecen algún tipo de reducción de precio asciende al 71,72 %, siete puntos menos que en la campaña anterior.
Según los datos recabados, el 87,72 % cumple con la obligación de informar del precio de los productos y servicios. Cabe destacar que este porcentaje mejora en aquellos negocios que exhiben el cartel de rebajas. Independientemente de la fórmula elegida para promocionar precios, se recuerda que todos los comercios que anuncian rebajas o descuentos están obligados a indicar el precio anterior y el actual. En este aspecto, el 88,85 % de los 520 establecimientos que ofrecían descuentos cumplían correctamente la citada obligación.
En palabras de la directora general de Protección de Consumidores y Usuarios, Inma de Francisco, uno de los datos más positivos de esta campaña es que no se han detectado reducciones o modificaciones en las condiciones de venta que deban mantenerse inalteradas, tales como la garantía de los productos, la cual permanece establecida en tres años desde la fecha de adquisición.
La campaña de inspección también ha prestado especial atención a la exhibición del cartel informativo de la duración de las rebajas, cuestión en la que se ha observado que el 56,94 % de los comercios cumple con esta exigencia.
Asimismo, desde la Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios se avanza que la vigilancia continuará en los próximos meses con una campaña regional de control de derechos básicos. En esta nueva fase, se revisará de nuevo la información de precios, la atención al cliente y la entrega de facturas, incluyendo además la promoción del Sistema Arbitral de Consumo como vía extrajudicial de resolución de conflictos. La adhesión voluntaria de las empresas a este sistema ofrece a los consumidores una garantía añadida y se identifica con un distintivo visible en los establecimientos.
En caso de que surja cualquier incidencia, Inma de Francisco recuerda que el primer paso es dirigirse al vendedor, quien debe responder en un plazo máximo de un mes. Si la respuesta no satisface al cliente o este plazo se excede, el comprador puede acudir a las Oficinas de Información al Consumidor, a las Asociaciones de Consumidores o a la propia Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios. Esta última pone a disposición de la ciudadanía el teléfono gratuito 900 12 13 14, la cuenta de correo consultaconsumo@aragon.es, el servicio de cita previa presencial y un tramitador de reclamaciones disponible en la web del Gobierno de Aragón.
