El Gobierno de Aragón deberá pagar 1.397.747,13 euros a Renfe Viajeros, que quedaron pendientes de liquidación del ejercicio 2017, con el objetivo de evitar una sentencia desfavorable que podría resultar en una cantidad aún más alta. La deuda proviene de un contrato que regulaba la prestación de servicios ferroviarios de interés regional entre el Gobierno de Aragón y Renfe. Una vez finalizada la vigencia del contrato, Renfe continuó operando el servicio entre 2016 y 2022 bajo una serie de acuerdos de mantenimiento con el compromiso del Gobierno autonómico de sufragar el déficit de explotación del servicio.
En 2017, Renfe presentó una propuesta de liquidación que incluía un aumento sustancial de los costos de operación debido a un incremento de los cánones de acceso a las infraestructuras ferroviarias gestionadas por ADIF. El Gobierno de Aragón manifestó su desacuerdo con este aumento en la comisión de seguimiento del contrato. Posteriormente, se firmó un acuerdo de liquidación en el que se reconocían obligaciones de pago a favor de Renfe por un importe de 4.245.653,04 euros, pero el Gobierno de Aragón expresó su desacuerdo con la parte correspondiente al incremento de los cánones.
En diciembre de 2022, Renfe Viajeros volvió a solicitar el pago de los casi 1,4 millones de euros derivados del aumento de los cánones por parte de ADIF. Ante la falta de respuesta por parte del Gobierno de Aragón, Renfe Viajeros presentó un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).
Para poner fin a esta situación y evitar el pago de una cantidad mayor debido a intereses, el Gobierno de Aragón procederá a la liquidación solicitada por Renfe.
