La consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, se ha manifestado en contra del nuevo Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros, que afecta a los menores migrantes no acompañados en Canarias. Durante su intervención en el pleno de las Cortes de Aragón, Susín destacó que esta normativa vulnera los derechos de estos menores y propuso que no se conviertan en “niños de segunda”.
Recurso ante el Tribunal Constitucional
El Gobierno de Aragón ya está trabajando en un recurso ante el Tribunal Constitucional para impugnar el Decreto Ley que establece criterios de reparto de menores migrantes. Según la consejera, este decreto favorece a Cataluña en detrimento de otras Comunidades Autónomas. Además, se ha presentado un recurso contencioso-administrativo para solicitar medidas cautelares que suspendan un requerimiento del Ministerio de Juventud e Infancia sobre datos de centros de menores en Aragón.
Susín enfatizó que este nuevo decreto perjudica a las Comunidades Autónomas que han invertido en mejorar sus sistemas de acogida. Desde el inicio de la emergencia canaria a finales de 2023, Aragón ha atendido a 604 personas migrantes que se identificaron como menores, lo que ha supuesto un coste de 7,5 millones de euros. La consejera subrayó que el Estado no asume este gasto, alegando que no hay menores entre los migrantes.
Problemas en la identificación de menores
El Instituto de Medicina Legal de Aragón ha iniciado 242 expedientes para determinar la edad de personas que se identificaron como menores desde 2019. De estos, solo 45 fueron acreditados como menores de 18 años. Desde enero de 2025, se han resuelto 15 pruebas de determinación de edad, de las cuales solo una resultó positiva.
Susín también criticó que el nuevo decreto no respeta los procedimientos necesarios para identificar a estos menores, lo que podría llevar a una distribución arbitraria sin considerar sus circunstancias individuales. La consejera reafirmó que Aragón no está en condiciones de asumir la llegada de un gran número de menores y rechazó un decreto que no garantiza sus derechos.
