Antes de la entrada en escena del Coronavirus, Gobierno y agentes sociales habían establecido unas mesas de diálogo social para reformar, entre otras cuestiones, la actual legislación laboral, convocar el Pacto de Toledo para analizar la situación de las pensiones y en definitiva, marcar unas líneas de trabajo para solucionar las consecuencias de los recortes aplicados en la crisis comprendida entre el año 2008 y 2019.
La pandemia supeditó todas las decisiones del Ejecutivo a frenar la propagación de la pandemia. Gracias al tesón de los agentes sociales se minimizaron las consecuencias de las restricciones sanitarias en el plano económico y social. “Durante estos meses hemos llegado a numerosos acuerdos con el Gobierno central y autonómico para salir de una situación que es muy complicada de la mejor manera posible. Nuestra intención ha sido proteger a las personas, empleos y a las empresas”, ha asegurado Manuel Pina, secretario general de CCOO Aragón.
La llegada de la vacuna puede poner un punto y aparte a la terrible situación que está atravesando el país. CCOO y UGT creen que es el momento oportuno para establecer unas pautas para salir de esta crisis de una manera más justa y equilibrada. “Un desarrollo adecuado para un país tiene que ver con sus relaciones laborales. Vamos a tener una oportunidad única que son los fondos europeos para modernizar nuestro tejido productivo”, ha afirmado Manuel Pina.
Para conseguir este fin, CCOO reclamará, en la protesta del 11 de febrero, incrementar el SMI hasta llegar a las recomendaciones de la Carta Social Europea que establece que en el año 2024 debe ser el 60% de los salarios medios del país. Una medida que según el sindicato supone la creación de empleo, favorece a los salarios más bajos y mejora la economía.
“No entendemos las razones por las que el Gobierno no mejora el SMI, es una medida de justicia social. La subida de 2019 no compensa la congelación del SMI durante los 10 años de crisis económica”, ha concretado Pina.
Otro de los pilares de esta concentración es la derogación del índice de la revalorización de las pensiones y el factor de sostenibilidad, impuestos por el Partido Popular de manera unilateral en la reforma de 2013.
Durante casi una década, la principal exigencia de ambos sindicatos ha sido la derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral del año 2012. Pina ha detallado que Gobierno y agentes sociales habían avanzado un texto para reequilibrar la negociación colectiva y reformar la legislación laboral actual. “Sobre todo en cuatro aspectos: eliminar la prevalencia del convenio de empresa sobre el sectorial, respetar la ultraactividad de los convenios, frenar el abuso de la subcontratación y modificar la vigente normativa laboral sobre la inaplicación del convenio”.
El próximo 11 de febrero, CCOO y UGT instarán al Gobierno a que retome el trabajo que se avanzó en estas mesas de diálogo, en el comienzo de su legislatura. Las concentraciones se desarrollarán a partir de las 12 del mediodía en la subdelegación del Gobierno de Huesca (Plaza Cervantes, 1), la subdelegación del Gobierno de Teruel (Plaza San Juan, 4) y la delegación del Gobierno en Zaragoza, ubicada en la Plaza del Pilar. Para respetar las medidas sanitarias, ambos sindicatos han convocado a 150 personas en la capital aragonesa y 30 en las otras dos provincias
