Vuelve a escuchar la entrevista con Jesús Arnau, Director General de CEOE en «Esto es Aragón»
CEOE Aragón rechaza la implantación del cobro por uso de las carreteras que ha incluido el Gobierno en las medidas remitidas a Bruselas en su Plan de Recuperación y Transformación. Con independencia de su importe, que no se ha concretado, este pago supondría cobrar dos veces a los ciudadanos y las empresas por infraestructuras que ya han costeado a través de sus impuestos, tanto en su construcción como en su mantenimiento en el caso de autovías y otras carreteras de doble vía para las que se plantea.
Esta medida, incluida en el cúmulo de amagos del Gobierno para lograr mayores ingresos, carga nuevamente sobre empresas y ciudadanos un coste que ya soportan tanto a través de impuestos directos, sobre los vehículos y sus emisiones.
La puesta en práctica de esta medida, planteada para entrar en vigor en 2024, afectaría enormemente a Aragón por ser una Comunidad Autónoma muy extensa, con distancias considerables entre municipios y nodo tanto de articulación de comunicaciones como del propio sector del transporte y la logística. Las empresas de transporte y logística serían, de hecho, las grandes paganas de medidas de este tipo, encareciendo notablemente sus costes. Así mismo, repercutiría en la exportación aragonesa. Recordemos que el 90% del transporte de mercancías se realiza actualmente por carretera.
Así, tomando un coste 4 céntimos por kilómetro (aunque no se ha fijado el importe) este cobro por uso supondría que el viaje entre Zaragoza y Madrid o Barcelona costase en torno a 12,5 euros, solo por este concepto. Pocos céntimos menos costarían los trayectos a Valencia o Bilbao.
Aún en el caso de tarifas “reducidas” para los transportistas, estos costes se multiplicarían por miles.
Este anuncio de nuevas cargas se realiza, además, en medio de una grave crisis que también está afectando a este sector, apuesta estratégica de Aragón, y que representa el 5,5% del PIB y el 4% del empleo autonómico.
En Aragón, este cobro afectaría, además, a infraestructuras largamente reivindicadas y aún no finalizadas como los desdoblamientos de la N-232 o la A-22. Igualmente,
gravaría a la AP-2 cuya liberalización está prevista para septiembre. Autopistas y autovías suman cerca de 800 kilómetros en la Comunidad.
Además, CEOE Aragón considera demagógico hablar de pago por uso en estas infraestructuras públicas para no cargar a los ciudadanos que no las utilizan. Este tipo de argumentos podría llevarse a cualquier otro servicio o infraestructura pública, en contra de la esencia misma del sector público y el estado del bienestar.
