El Consejo de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de Aragón se ha constituido esta semana en Zaragoza como órgano que promoverá la participación de la sociedad aragonesa en el diseño y el seguimiento de la política de I+D+i. Presidido por la consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, Maru Díaz, está integrado por una treintena de miembros de todos los ámbitos, desde las universidades y centros de investigación, pasando por la propia administración pública, así como por el sector privado y por entidades y agentes de la sociedad civil.
Este órgano colegiado forma parte del sistema de gobernanza de la I+D+i, regulado por la ley de Investigación e Innovación, y con el que Aragón quiere potenciar la coordinación en la política científica y responder mejor a los retos actuales con una visión conjunta y estratégica. El Consejo de la Ciencia constituye el nivel superior del nuevo sistema de gobernanza, integrado también por un Grupo de Dirección (nivel intermedio) y la Mesa de I+D+i (nivel inferior).
Entre las funciones del nuevo ente, está la de asesorar al resto de niveles, así como fomentar la transferencia de conocimiento, y velar por favorecer una presencia equilibrada de mujeres y hombres en todos los ámbitos del sistema aragonés de ciencia. Todo ello con el fin de potenciar la innovación y su difusión, así como el desarrollo de ecosistemas de investigación, desarrollo e innovación.
Está presidido por la consejera Díaz y la vicepresidencia recae en el director general de Investigación e Innovación, Enrique Navarro. Participan también en él, como vocales, un representante de cada Departamento del Ejecutivo con funciones de I+D+i. Se trata de Fermín Serrano (Presidencia), Luis Estaún (Fondos Europeos), José Carlos Gómez (Presidencia y Relaciones Institucionales), Carlos Javier Navarro (Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial), Ramón Guirado (Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento), José Manuel Salvador Minguillón (Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda), Celia García (Economía, Planificación y Empleo), Josefa Aguado (Hacienda y Administración Pública), Antonio Martínez (Educación, Cultura y Deporte), Raúl Oliván (Ciudadanía y Derechos Sociales), Jesús Nogués (Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente) y Juan Ignacio Coll (Sanidad).
Como representantes de los agentes del sistema aragonés de I+D+i lo integran Rosa Bolea, por la Universidad de Zaragoza, y Beatriz Giner, por la Universidad San Jorge; y María Jesús Lázaro por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. A propuesta de los órganos públicos de investigación, han sido nombrados Lucía Soriano (Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón), Esther Borao (Instituto Tecnológico de Aragón) y Alba de Martino (Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud). La Comisión Asesora Mujer y Ciencia está representada por Carmen Mayoral.
En nombre de los clústers de innovación, han entrado a formar parte del Consejo María Luisa Fernández (ZINNAE), Manuel Pérez (Tecnara) y Antonio Novo (IDIA), y como sindicatos más representativos de la comunidad universitaria, SOMOS y CGT han designado a Ana Rosa Soria y Carmen Marcuello.
Completan el Consejo Francisco Sanz (Fundación Ibercivis), Andrés Llombart (CIRCE), Pedro Lozano (Asociación Jóvenes Empresarios de Aragón), Carlos Gustavo Genzor (Certest Biotec) y José Juste (BSH Electrodomésticos).
El Consejo ha celebrado esta semana su primera sesión de trabajo. El director general de Investigación e Innovación ha presentado el informe del III Plan Aragonés de Investigación, Desarrollo e Innovación 2021-2027 y ha avanzado el estado de tramitación de la Estrategia de Especialización Inteligente y Sostenible de Aragón.
Según el reglamento para su funcionamiento, que ya fue aprobado por el Consejo de Gobierno, el organismo se reunirá una vez al año como mínimo, y podrá funcionar tanto en pleno, como en comisiones de trabajo. La duración de las vocalías será de cuatro años.
Con esta nueva gobernanza, el Gobierno de Aragón quiere ser más que nunca motor de las políticas públicas de investigación, desarrollo, innovación y tecnología, y contribuir a su estabilidad financiera en el marco de su compromiso colectivo hacia una sociedad y economía del conocimiento.
