Nos hemos encontrado con una situación inesperada y preocupante: no existe inventario del estado de las infraestructuras educativas”. Con esta afirmación, ha iniciado el secretario general técnico del departamento de Educación, Ciencia y Universidades, Manuel Magdaleno, su comparecencia en las Cortes de Aragón para avanzar las líneas fundamentales de actuación de la Gerencia de Infraestructuras educativas a lo largo de la legislatura.
Según ha explicado Magdaleno, en este sentido se hace necesario un ejercicio de planificación, “hablamos de atender las instalaciones de casi 600 centros públicos en todo Aragón”, ha puntualizado el secretario general técnico, “teniendo en cuenta que los recursos son limitados”. Desde esta premisa, se han de tener en cuenta una serie de parámetros que deben responder “al estado estructural de las instalaciones, a la adaptación de los edificios existentes a las necesidades educativas actuales, a la aplicación de en las instalaciones ya construidas actuaciones de mejora energética y de adaptación a temperaturas extremas y a situaciones de escolarización que exijan ampliar los edificios actuales o, por el contrario, destinarlos a otro uso”, ha enumerado Manuel Magdaleno.
Cuestiones que hacen necesarios planes anuales de infraestructuras, en los que ya trabaja el Departamento y que suponen una financiación estimada de más 27.700.000 euros, “frente a los cerca de 19 millones -18.636.000 euros- que aportó el anterior Ejecutivo en 2023”, ha recordado Magdaleno.
Planes anuales que han de seguir unos criterios de priorización para poder llevar a efecto cada una de las intervenciones necesarias. Dichos criterios son los siguientes: culminar las actuaciones de nuevas infraestructuras y ampliación de centros por necesidades de escolarización; prestar atención a necesidades de actualización, rehabilitación y mejora de centros; apuesta por la educación infantil y la educación especial; cambio climático, adaptación y digitalización en centros educativos.
