Vecinos, familias y profesores del Colegio Público Joaquín Costa han denunciado graves deficiencias e irregularidades en las labores de demolición del antiguo cuartel de la Policía Nacional de General Mayandía. La obra, promovida por el Ministerio del Interior y en ejecución desde el pasado 2 de abril, se prolongará hasta finales de junio en su primera fase.
Desde el inicio de las operaciones, alumnos, docentes y residentes próximos al centro educativo se han visto expuestos diariamente a una persistente nube de polvo debido a la falta de medidas adecuadas para controlar la contaminación ambiental generada por la demolición.
Previo al comienzo de las obras, la Asociación Vecinal Joaquín Costa (El Carmen) solicitó una reunión en la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza con representantes institucionales, de la empresa constructora y del centro educativo. Aunque se garantizaron medidas específicas para preservar la seguridad y salud públicas, la realidad posterior ha contradicho completamente dichas promesas.
Ante el agravamiento de la situación, el 14 de mayo se convocó un nuevo encuentro en el que participaron representantes de la constructora, Policía Nacional, dirección del colegio y familias afectadas. En la reunión, se confirmaron graves deficiencias en la ejecución de las obras y se puso de manifiesto la preocupación creciente de los afectados.
Dos días antes, la Policía Municipal ya había tenido que intervenir ante la caída de cascotes en la vía pública, fuera del perímetro vallado. En la reunión, se evidenciaron problemas críticos como la ausencia de sistemas eficaces de control del polvo en suspensión, posible exposición al amianto, riesgo biológico por acumulación de excrementos de palomas en las zonas demolidas y, especialmente preocupante, la falta absoluta de análisis para determinar la presencia de sílice cristalina respirable, sustancia reconocida por su potencial cancerígeno.
De hecho, la empresa reconoció abiertamente no haber realizado ninguna evaluación sobre la presencia de sílice y desconocer su obligación legal al respecto, aunque se comprometió, tras la presión vecinal, a realizar de inmediato dichos análisis en laboratorios acreditados.
Asimismo, se denunció que, aunque verbalmente se había asegurado la retirada de materiales con amianto, no se aportó documentación acreditativa alguna. Conviene recordar que, tras la denuncia del Sindicato Unificado de Policía en diciembre de 2024, el Ministerio del Interior había anunciado que verificaría el cumplimiento del protocolo de retirada segura de amianto.
Otra grave irregularidad manifestada por las familias y docentes afectados es la negativa sistemática de la empresa a facilitar documentación técnica clave como estudios de seguridad, certificados de residuos e informes ambientales. Según la constructora, el acceso a esta información estaría limitado al propio Ministerio del Interior, circunstancia denunciada por la asociación vecinal como un grave incumplimiento de transparencia y responsabilidad pública.
Ante la magnitud de estas deficiencias, la Asociación de Vecinos Joaquín Costa ha exigido transparencia absoluta mediante el acceso inmediato a los documentos técnicos y ambientales del proyecto, así como una evaluación urgente y rigurosa de los riesgos reales para la salud de menores, docentes y vecinos.
Entre sus reclamaciones destaca también la necesidad urgente de aplicar medidas de contención inmediatas, incluyendo barreras físicas efectivas, sistemas de riego que eviten la dispersión de polvo y monitorización ambiental constante, todo ello bajo la supervisión activa tanto del Ayuntamiento de Zaragoza como de las autoridades sanitarias competentes.
La asociación ha reiterado su voluntad de diálogo, aunque también ha manifestado claramente que la defensa de la salud pública y el derecho a un entorno escolar seguro deben prevalecer sobre cualquier obra pública, por muy necesaria que esta sea. La comunidad afectada no descarta otras acciones si no se adoptan soluciones inmediatas.
