El presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, anunció el pasado 27 de octubre en Teruel la intención de la compañía que dirige de instalar 65 cajeros automáticos en Aragón, 10 de ellos en la provincia de Teruel, para combatir la despoblación y la exclusión bancaria en pequeños municipios que hoy no disponen de ese servicio. Una medida que fue acogida con esperanza por parte del territorio.
Faltaba por conocer las condiciones para la implantación de esos cajeros pero ya son públicas. Los municipios seleccionados que accedan a la instalación de este servicio deberán abonar 850 euros mensuales, habilitar un emplazamiento para la ubicación de los cajeros y facilitar conectividad eléctrica y de Internet. En compensación por ello, Correos abonaría al Consistorio 0,20 euros por cada operación que se realizara en ellos.
El presidente del Partido Popular de Teruel y alcalde de Lidón, Joaquín Juste, ha denunciado las condiciones impuestas por la empresa pública. Lo ha hecho tras ser una de las localidades seleccionadas y tras conocer las condiciones, que ha tildado como una “tomadura de pelo”. “En los pueblos somos pocos pero no somos tontos”, ha incidido.
Con los datos económicos en la mano, Juste ha señalado que su municipio, que actualmente tiene 57 habitantes censados, necesitaría realizar un total de 140 extracciones diarias para que este servicio no fuera deficitario. Una posibilidad utópica en la actualidad.
También ha subrayado el máximo responsable de los ‘populares’ en la provincia que Lidón cobra actualmente 830 euros por parte del Gobierno central y en concepto de la participación de sus habitantes en los impuestos del Estado. Si accediera a suscribir ese convenio con Correos, debería abonar 850 euros. Es decir, “por la instalación de un cajero me piden más dinero de lo que recibimos para financiar todas las competencias propias del Ayuntamiento”.
Esta situación pone de manifiesto para el máximo responsable de los ‘populares’ la política desarrollada por el Ejecutivo central y sus responsables, caracterizada por “fotos, mucha imagen y venta”, pero que al profundizar “no hay nada”. En ese sentido, se ha mostrado a favor de establecer servicios en el territorio, pero “no en las condiciones propuestas”.
CONVENIO CON EL GOBIERNO DE ARAGÓN
En el afán de acabar con la exclusión financiera del territorio aragonés, el Ejecutivo regional firmó un convenio con Correos el pasado 13 de julio de 2021, en el que se abordaba también esta cuestión. Lo hacían en la cláusula sexta, en la que se indicaba que “el Gobierno de Aragón impulsará en el marco de sus relaciones con las distintas provincias, comarcas y municipios de Aragón, que Correos pueda establecer cajeros automáticos especialmente en los municipios donde no operen oficinas de entidades financieras, para lo cual Correos deberá firmar el oportuno convenio de colaboración, siempre con pleno respeto a la legislación vigente, con las entidades locales que se adhieran voluntariamente a este convenio marco”.
Para intentar revertir la situación, Juste ha anunciado que el Partido Popular ha presentado una Proposición no de Ley en las Cortes de Aragón en la que se inste al Gobierno de España a habilitar los “medios necesarios” para que los municipios de menos de 1.000 habitantes tengan acceso a cajeros automáticos con “costes asumibles”. Asimismo, reclaman al Ejecutivo regional que revalide el convenio firmado con Correos para que, como empresa pública que es, establezca servicios con remuneraciones “proporcionadas” para “poderlos implementar en los municipios con poca población”.
Todo ello porque Juste considera que, con esta medida, se observa en la empresa pública un “afán de lucro” muy notable. Si se establecieran en los 1.500 pueblos anunciados, esta actuación supondría unos ingresos anuales de 15 millones de euros por parte de los ayuntamientos de los municipios más pequeños. “No entendemos que lo haga así una empresa pública”, ha recalcado el presidente del PP, preguntando a su vez “dónde queda la responsabilidad social corporativa de Correos”.
