El PP califica de «Un paso atrás en la incorporación social de las personas con discapacidad» el voto en contra de PSOE, Podemos y CHA, a las propuestas planteadas por el Partido Popular para dar contenido real y efectivo a la Ley de derechos y garantías de las personas con Discapacidad de Aragón. La explicación de estos partidos para votar en contra de la propuesta es que el Gobierno ya está trabajando en ello.
El Pp resalta que, «desde que en marzo de 2019 el Parlamento aragonés aprobara por unanimidad una norma específica para avanzar de un planteamiento asistencial a otro donde se garantizan los derechos de las personas con discapacidad, el Gobierno de Javier Lambán apenas ha desarrollado los principales artículos que integran el texto legislativo». Por lo que a juicio de la portavoz del Partido Popular, Marian Orós, estamos ante «derechos de papel, ya que pese a figurar como obligaciones legales para el gobierno son continuamente incumplidas por las administraciones, en este caso la autonómica».
La Portavoz del PP en la comisión de Ciudadanía de las Cortes de Aragón planteó comenzar a dotar la Ley de «contenido real, efectivo y presupuestario», y propuso al Ejecutivo autonómico desarrollar aquellas reivindicaciones que cuentan con mayor grado de acuerdo por parte de las personas, asociaciones y entidades aragonesas relacionadas con los diferentes tipos de discapacidad. Orós manifestó a los representantes de PSOE, Podemos, CHA y PAR, que “son medidas que nos han reclamado tanto las familias como las entidades” y expuso como demandas más reiteradas pero incumplidas el impago del Gobierno de las ortoprótesis tal y como recoge la ley, o la negativa de ampliar la gratuidad de la atención bucodental a las personas discapacitadas mayores de 18 años.
Otras de las acciones recogidas por la ley autonómica y que sin embargo a juicio del PP, incumple el Ejecutivo que preside Javier Lambán son la incorporación de la figura del ‘profesional único de referencia’ en el sistema sanitario aragonés como enlace entre las diversas áreas sociosanitarias vinculadas con las personas con discapacidad y así mejorar la atención que reciben, iniciar el desarrollo de la prestación del Asistente personal o crear la Junta Arbitral de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de Aragón que, a juicio de la diputada, “no cuesta dinero, y es una herramienta muy útil para evitar la judicialización de procesos que se pueden solucionar a través de la mediación”.