Fermín Civiac, diputado en las Cortes de Aragón y portavoz de Vox en la comisión de Hacienda
La financiación autonómica es un tema recurrente que vuelve a estar en el centro del debate. Los argumentos sobre el Sistema de Financiación Autonómico suelen centrarse en dos puntos: rechazar los privilegios previstos para Cataluña (aunque no tanto los de vascos y navarros) y la insuficiente financiación. Aunque ambas ideas son válidas, falta una reflexión adicional.
Me refiero a si los gobiernos autónomos cumplen con sus deberes. ¿Gestiona adecuadamente la comunidad autónoma los recursos de los que dispone? Para responder afirmativamente, deberíamos poder asegurar sin ninguna duda que los ingresos se han gastado según lo planeado y que se han logrado los resultados previstos. Resultados como por ejemplo, el número de intervenciones quirúrgicas en un servicio hospitalario, la puntuación en comprensión lectora en 6º de primaria o el tiempo de tramitación de expedientes para el pago de la PAC.
La Ley de Hacienda de Aragón establece que “el control de eficacia (…) se ejercerá mediante el análisis del cumplimiento de los objetivos de los programas en relación con su coste y utilidad o rendimiento”. Sin embargo, los últimos informes de la Cámara de Cuentas de Aragón concluyen que el Gobierno no realiza este control de eficacia, ya que no existe un verdadero presupuesto por programas, no se han formulado objetivos medibles ni se recogen indicadores para comparar la consecución de los objetivos con su coste.
Además, la Cámara denuncia que el Gobierno de Aragón no conoce el coste de prestación de los servicios porque no tiene implantado el sistema de contabilidad de costes al que obliga el Plan General de Contabilidad Pública. Esto es grave, ya que en el debate político se argumenta que el Sistema de Financiación Autonómica tiene que compensar a Aragón por el sobrecoste de prestar servicios públicos en zonas dispersas poco pobladas. Cierto, pero ¿cuál es el coste real?
La Cámara de también reconoce que el Sistema Aragonés de Salud necesita mejorar su gestión. El SALUD concentra buena parte del gasto total del Gobierno de Aragón. De cada 100 euros de gasto, 32 se destinan a sanidad. Parece razonable concentrar el control donde más se gasta, especialmente si hay evidencias de mala gestión y fiscalización insuficiente. Por ejemplo, en 2022, el 34% de los suministros sanitarios se realizaron sin disponibilidad presupuestaria, sin expediente de contratación, sin licitación, sin adjudicación y sin contrato, es decir, a dedo. Además, los informes de fiscalización evidencian que no hay un control permanente sobre el inventario del material sanitario almacenado.
En la misma línea, la AIREF identificó en su informe de 2022 que el Gobierno de Aragón podría ahorrar hasta 14,3 millones de euros anuales mejorando la gestión en la compra de medicamentos.
Las Cortes aprobaron recientemente, por iniciativa de Vox, algunas recomendaciones para que el Gobierno de Aragón cumpla las leyes de hacienda y de contratos, mejore la gestión presupuestaria, subsane los defectos en la metodología contable y acabe con el descontrol. Entre otras medidas, se propuso implantar un control de eficacia del gasto público y recuperar la función interventora con la fiscalización previa en el SALUD. También se debe cumplir con la obligación de llevar una contabilidad de costes que determine el coste efectivo de los servicios públicos.
Todas estas carencias y defectos en la gestión contable y presupuestaria vienen de atrás; pero que otros gobiernos lo hicieran no legitima continuar haciéndolo. Es el momento de que el Gobierno de Aragón implemente estas medidas para garantizar que cumple con sus obligaciones con el mismo rigor con el que los ciudadanos pagan sus impuestos.
Desgraciadamente, no soy optimista tras las respuestas del consejero de Hacienda en mi interpelación del pasado viernes. Puede resumirse en una palabra lo que el Sr. consejero piensa hacer para seguir las recomendaciones de la Cámara de Cuentas, de las Cortes y cumplir con la ley: nada.
Vox continuará haciendo propuestas para subsanar todas estas deficiencias, porque estamos convencidos de que la mejora y modernización de la Hacienda Pública no es sólo una cuestión de legalidad, sino sobre todo de responsabilidad y compromiso con el bienestar de todos los aragoneses.