La derogación de la ley autonómica de memoria democrática hace unos meses en Aragón generó cierta polémica que aún hoy trae ecos de enfrentamiento.
Fue en febrero cuando se llevó a cabo esa derogación, con los votos a favor del PP, VOX y el PAR, la principal motivación fue porque «no se trataba por igual a todas las victimas».
Hubo enfrentamientos políticos en la comunidad por el asunto, pero las aguas volvieron a su cauce; hasta el 1 de abril, en el que volvieron a desbordarse.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Víctor Ángel Torres, anunció que el Gobierno elevará al Tribunal Constitucional las leyes autonómicas que derogan la regulación de la Memoria Democrática, y que llevarán el asunto a Europa también por considerar que atenta contra los derechos humanos.
El equipo de gobierno aragonés ironizó que por ellos, que «lo elevaran a la NASA» si querían, y también comentaron que era una estrategia de distracción para no hablar de la ley de amnistía ni de los casos de corrupción del caso Koldo que está salpicando en estos momentos al gobierno de Sánchez.
Sin embargo, aparte de la guasa y de la acusación de estrategia de despiste, la DGA al día siguiente anunció un incremento del 10% para las exhumaciones, como una manera de reafirmar la apuesta del gobierno autonómico por la reparación de las heridas de la guerra civil.
Hoy se reunían el gobierno de Aragón con las asociaciones memorialistas que se manifestaron en las puertas del Pignatelli hace unas semanas. El presidente Azcón, se ha llevado una sorpresa al saber que apenas habían acudido 3 asociaciones a la reunión.
LA Plataforma de Acción por la Memoria de Aragón, PAMA, engloba 22 asociaciones memorialistas y justifican su ausencia en que la reunión debería haber sido convocada antes de la derogación de la ley, y que ahora no tienen nada que hablar con «un gobierno que niega el derecho de las víctimas del franquismo a ser reconocidas».
Desde el Pignatelli han insistido en el aumento de un 10% de la partida destinada a las exhumaciones que permitirá a los familiares de las víctimas darles una digna sepultura
Para decidir el destino del presupuesto, y ver en qué terrenos se trabaja, son las asociaciones memorialistas las que proponen la ubicación de las fosas en las que hay que trabajar y la Dirección General de Patrimonio Cultural se encarga de realizar la excavación.
Por lo que el presidente Azcón les ha pedido que reflexiones y asistan a las próximas reuniones.
