Los representantes del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA) y otras organizaciones autonómicas y sectoriales también explicarán sus demandas en el Senado mañana miércoles a partir de las 12 horas a los portavoces de la Comisión de Función Pública
Los interinos aragoneses en fraude de ley llevan esta semana a Madrid su reivindicación de que se estabilicen sus puestos de trabajo en cumplimiento del Derecho europeo. Con este objetivo participarán en reuniones institucionales y se movilizarán junto a otras más de 10 organizaciones sindicales y la Coordinadora Estatal de Personal Público Temporal (CEPPT). Este miércoles sus representantes explicarán al mediodía sus demandas en una reunión en el Senado y por la tarde llevarán a cabo una concentración ante el Ministerio de Política Territorial y Función Pública. El jueves por la mañana tendrá lugar una nueva concentración a las puertas del Senado. Con estos nuevos actos, las organizaciones de interinos ponen de manifiesto que van a luchar por todas las vías posibles para defender sus derechos, frente a la inacción de las administraciones.
El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA) y otras entidades autonómicas y sectoriales, comenzarán estas dos jornadas reivindicativas reuniéndose mañana día 21 a las 12.00 horas con los portavoces de la Comisión de Función Pública del Senado. En vísperas de que comparezca en la institución el ministro responsable, Miquel Iceta, los interinos les expondrán los últimos argumentos que respaldan sus peticiones. Todos los grupos de la Cámara Alta ya aprobaron en octubre una moción planteada por el PAR, con el asesoramiento del sindicato aragonés, que instaba a dar «respuestas legales de estabilización de los empleados públicos». La reunión de mañana ha sido promovida por el senador del PAR, Clemente Sánchez-Garnica. Además de representantes de STEPA, acudirán también de los sindicatos aragoneses Somos, STEA y SF, pertenecientes a ISTA y CATA.
Para exigir al Gobierno español que cumpla con la Sentencia europea del pasado 19 de marzo de 2020 y haga fijas a las víctimas de la larga interinidad en el sector público (unas 800.000 en toda España y 20.000 en Aragón), los afectados realizarán una concentración el miércoles a las 16 horas ante la sede del Ministerio. El jueves se repetirá la protesta a las 9 h ante el Senado, coincidiendo con la citada comparecencia del ministro. Allí le corearán consignas como «Iceta, escucha, estamos en lucha».
Con todas estas acciones, los interinos en fraude de ley vuelven a denunciar que las Administraciones Públicas siguen sin reparar el abuso que llevan décadas cometiendo al cubrir con trabajadores temporales plazas fijas, sobrepasando el límite legal de tres años. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea exigió solucionar esta cuestión hace ya más de un año, estableciendo sanciones a las administraciones infractoras.
El Gobierno central, y autonómicos como el aragonés, solo contemplan en cambio la convocatoria de oposiciones para cubrir de forma definitiva las plazas ocupadas por el personal abusado. Pero de esta forma, los temporales que no superen el proceso se verán cesados sin derecho a ninguna compensación, lo que no supone ninguna sanción para los culpables del abuso. Por eso, Europa dio a elegir entre dos soluciones: indemnizaciones disuasorias o la fijeza del personal, un sistema que la CEPPT y sindicatos como STEPA defienden porque supone coste cero para las arcas públicas y mantener a miles de empleados de probada experiencia.
Los convocantes recuerdan también que la falta de voluntad política para terminar con este problema está poniendo en peligro la recepción de los fondos europeos para la recuperación económica del covid. Así, en defensa de unos derechos que benefician a toda la sociedad continuarán las acciones por todas las vías. Solicitaron una reunión con Miquel Iceta, que este rechazó, y se ha pedido otra al secretario de Estado de la Función Pública; pero también se estudian nuevas concentraciones, querellas judiciales contra los responsables de las contrataciones y convocatorias de huelga.
