Los gobiernos de Navarra y de Gobierno de Aragón han reafirmado este lunes su compromiso para colaborar en la digitalización de la Justicia, convencidos de que “la eficiencia que permite es imprescindible para lograr un servicio público de calidad para la ciudadanía”. Así lo han expresado la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, y el titular de Políticas Migratorias y Justicia de Navarra, Eduardo Santos, que han mantenido una reunión de trabajo en Zaragoza.
El encuentro se ha producido de manera simultánea a la firma del contrato entre el Ejecutivo aragonés y la empresa pública navarra Tracasa Instrumental, adscrita el Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra, por el cual Aragón continuará empleado el sistema de gestión procesal AVANTIUS.
La cesión gratuita de AVANTIUS al Gobierno de Aragón se produjo mediante un convenio de colaboración firmado en 2017, y renovado entre ambos ejecutivos mediante adenda de prórroga en septiembre del año pasado. Una prórroga para cuatro años que se completa con el contrato firmado este lunes con Tracasa Instrumental.
En la rúbrica oficial del contrato han estado presentes, además, la directora gerente de Tracasa Instrumental, Mar González Paredes; Roberto Clerigué Arrieta, director de su Departamento de Ingeniería de Software y Sistemas de Información; y Javier Amézqueta Pueyo, responsable del área de Justicia e Interior de dicha empresa. En representación de los gobiernos han asistido también el director general de Justicia de Navarra, Rafael Sainz de Rozas; y su homóloga en Aragón, María Ángeles Júlvez.
AVANTIUS, una “enseña para nuestra Comunidad”
Mayte Pérez ha destacado la “colaboración plena” que existe entre ambos gobiernos autonómicos en esta materia y ha resaltado “el ejercicio de generosidad” del Ejecutivo navarro “a la hora de compartir conocimientos”.
La titular de Presidencia ha calificado la implantación del sistema AVANTIUS en Aragón como un “hito fundamental” en el proceso de modernización judicial que emprendió hace seis años el Gobierno regional, ya que “ha permitido mejorar sensiblemente este servicio público en cuanto a tiempos, en agilidad y en la calidad de la prestación”. El hecho de sumar la gestión de varias comunidades autónomas –Cantabria también emplea el sistema AVANTIUS– hace que “mejore el funcionamiento y se pueda prestar así un servicio público más eficaz a los ciudadanos”.
Mayte Pérez ha puesto como ejemplo que, pese a la parálisis provocada por el coronavirus, con el sistema Avantius se han “limitado los retrasos” y se ha “facilitado el teletrabajo”. De hecho, en Aragón el sistema judicial no tiene ya retrasos a consecuencia de la pandemia, más allá de los ordinarios.
La consejera de Presidencia destacó por último el “esfuerzo de formación y adaptación” al programa AVANTIUS de todas las instancias judiciales y de los diversos operadores que entran en relación con el ámbito judicial.
Para el consejero Eduardo Santos, la prórroga del convenio supone “la demostración del valor que tiene el sistema de gestión procesal navarro AVANTIUS, que es toda una enseña para nuestra Comunidad y en cuya expansión venimos trabajando durante toda la legislatura”. Santos ha destacado que “el hecho de que quien ha probado AVANTIUS lo mantenga es, sin duda, la mayor muestra de su eficacia”.
Eduardo Santos, además, ha destacado “la gran sintonía” encontrada en el Gobierno de Aragón en materia de Justicia. Tanto la consejera Mayte Pérez como la directora general de Justicia, María Ángeles Júlvez, “son aliadas en el empeño de lograr una Justicia más eficiente, cercana, ágil y humana”, ha señalado Santos. Unos principios que, ha querido recordar, “se comparten también con el Ministerio, que los ha plasmado en su plan de Justicia 2030”.
Desde Tracasa Instrumental, su directora gerente, Mar González Paredes, ha mostrado su agradecimiento Gobierno y Administración de Justicia de Aragón por su apuesta. “Trabajar con ellos codo con codo durante otros 4 años redundará en una mejora sustancial de AVANTIUS, un sistema que ha permitido alcanzar el Expediente Judicial electrónico y ha mostrado su eficacia en Navarra, Cantabria y Aragón en unos meses marcados por las restricciones en la actividad presencial”, ha señalado González Paredes.
La digitalización, clave en la Justicia 2030
El Plan Justicia 2030 del Ministerio recoge, como objetivos y ejes estratégicos, consolidar los derechos y garantías de los ciudadanos, promover una mayor eficiencia del servicio público y garantizar el acceso a la justicia en todo el territorio nacional. Con el fin de lograr esos objetivos, uno de los aspectos destacados es el uso de la ingeniería de datos y la inteligencia artificial en el diseño de las políticas públicas. Todo ello con el objetivo de mejorar la eficiencia, transparencia y accesibilidad del sistema público de Justicia, tanto de cara a las decisiones que sobre él deban adoptar las administraciones públicas, como para facilitar su labor a jueces, letrados, funcionarios y resto de actores que se en él intervienen.
