Consciente de que el riesgo cero de contagio por coronavirus en las residencias de personas mayores es extremadamente difícil de alcanzar, Marian Orós llamó hoy al Ejecutivo autonómico a través de su consejera de Ciudadanía a “aumentar la prudencia para evitar los rebrotes” porque, como señaló esta mañana en la comisión de Ciudadanía del Parlamento autonómico “es una situación preocupante que se está repitiendo más de lo razonable”.
Orós alertó de que “queda un mes de riesgo, entendiendo que la vacuna sea, que lo es, fiable y que la inmunidad en la residencias va a llegar en un mes. En este mes le pediría que especialmente refuercen el cuidado. Usted habla de prudencia para las residencias pero yo creo que a lo mejor es factible que el Gobierno ponga ese plus de prudencia o de medidas”.
Parte de ese plus estaría, a juicio de la diputada popular, en la realización preventiva de test de antígenos para conocer al detalle la situación de estos centros y actuar antes de que se disparen los contagios así como, complementariamente, la instalación de medidores de CO2 y expresó su sorpresa porque en el Departamento de Salud “no se haya tomado ninguna medida puntual y extraordinaria para minimizar la posibilidad de esos rebrotes en este impasse”, hasta que las residencias alcancen la inmunización generalizada a finales de febrero según los cálculos del propio Departamento de Ciudadanía. Los ejemplos de contagios por coronavirus muy extendidos en las residencias de Ejea de los Caballeros, intervenida por el Gobierno autonómico, y en los centros de mayores de Belchite, Almudevar y Tamarite de Litera reflejan, a su juicio, la obligación de aplicar actuaciones extraordinarias en el área preventiva, traslado a la consejera.
Pese a los retrasos producidos en la primera y segunda fase de vacunación en las residencias de mayores Marian Orós puso en valor el trabajo de los servicios sanitarios públicos, de los trabajadores y gerentes de las residencias y del personal del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) por el “enorme trabajo, del desgaste físico y psicológico” que soportaron al inicio de la pandemia y que les sigue afectando más de diez meses después.
En su intervención volvió reclamar al Gobierno de Aragón ayudas directas para que los centros concertados y privados puedan soportar los gastos extraordinarios sufridos desde el pasado mes de marzo con el objetivo de mejorar la seguridad sanitaria de residentes y empleados, que continuarán durante el año 2021 “para poder hacer frente a una Covid que ni estaba presupuestada ni era previsible y desde luego yo creo que no tienen capacidad para sostener todos estos costes”, además de plantear la puesta en marcha de un programa de atención psicológica como acción preventiva ante las consecuencias originadas por los múltiples factores de estrés que conlleva la gestión de la pandemia en estos centros.
