El muy deficiente funcionamiento del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), reconocido esta mañana por el propio consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón en respuesta a una interpelación en el Parlamento aragonés del portavoz de Medio Ambiente del Partido Popular, Antonio Romero, está provocando la paralización de muchos proyectos relacionados con mejoras en explotaciones agrarias y ganaderas, pero también con otras iniciativas económicas de carácter industrial y medioambiental.
Hasta 5.000 expedientes sin resolver, mil más que hace un año, pese a que el Gobierno de Aragón se comprometió a reducir el número de informes que ya estaban fuera de plazo en el transcurso del primer trimestre de 2021 a través de la activación de un plan de choque inmediato que, lejos de ofrecer resultados positivos, ha empeorado la situación. El bloqueo en la concesión de estas autorizaciones administrativas aumenta mes tras mes y afecta a todas las áreas de tramitación, como explicó Romero, “a finales de julio expedientes de la tipología 73, licencias de actividades clasificadas, había todavía un 30% fuera de plazo y sin resolver. Los relacionados con las tramitaciones con el organismo de cuenca seguían prácticamente sin reducirse. En cuanto a las modificaciones de las autorizaciones ambientales integradas, de los 1.200 expedientes que quedaron fuera de plazo, en julio todavía quedaban el 40% sin resolver”.
El diputado popular advirtió sobre el “quebranto para la economía en su conjunto” la “excesiva burocracia y sobrecarga administrativa que impone nuestra legislación” por lo que consideró obligado actuar hacia la simplificación administrativa para no paralizar y penalizar proyectos que generan actividad económica y empleo.
No favorece la resolución del atasco administrativo las cada vez mayores exigencias medioambientales “y por tanto el trabajo más elevado, sin embargo el presupuesto no solo se ha mantenido en los últimos tres años si no que ha disminuido considerablemente con respecto al presupuesto de hace una década, un 20% aproximadamente”. Tampoco ayuda a agilizar la tramitación, al contrario la retrasa notablemente, que el importe de los contratos de servicios realizados con otras empresas o los encargos a la empresa pública SARGA en su conjunto haya disminuido en un 30% con respecto a 2011. “Más trabajo a realizar, más exigencias medioambientales y más expedientes retrasados”, explicó, y la conclusión obvia “un ejemplo de la incompetencia y mala gestión del Gobierno de Aragón”.
Frente a la inoperancia del Ejecutivo aragonés Antonio Romero reconoció el trabajo eficaz de los funcionarios del INAGA, “tienen una tarea compleja, son 90 tipologías distintas a las que tienen que dar respuesta. En este momento, a pesar del esfuerzo de los funcionarios y trabajadores del INAGA para hacer del Instituto un organismo al servicio y en beneficio del administrado, la realidad es que ni es ágil ni es eficaz”.
A la situación de demora crónica se añade ahora otro problema como es la obligación de modificar las autorizaciones integradas para incluir a los pequeños productores de residuos, en torno a 4.000 expedientes nuevos que deberán gestionarse, “si todo esto va a suponer un mayor esfuerzo tendrá que buscar alguna alternativa, alguna medida para evitar mayor acumulación de expedientes retrasados”, urgió el diputado al consejero de Agricultura y Medio Ambiente, “porque si no se dota de más presupuesto, de más personal, si no se simplifican los procedimientos, si los contratos que se externalizan con consultoras y con SARGA han disminuido un 30 % con respecto a los de hace una década, parece que se trabaje en sentido contrario”.
El portavoz popular de Medio Ambiente exigió la responsabilidad del Ejecutivo aragonés con sus administrados y recordó que “son muchos emprendedores que tienen sus expectativas de futuro depositadas en la resolución de esos expedientes atrasados y el Gobierno de Aragón tiene la obligación de no defraudarles”.
