El Consejo de Administración de la empresa pública SARGA, sobre la base de la intensa labor de análisis llevada a cabo por su equipo directivo, ha tomado medidas para evitar su desequilibrio patrimonial ante la difícil situación generada por la crisis del COVID-19. Las medidas se adoptan con el doble propósito de proteger los puestos de trabajo en el marco legal vigente y a su vez, a la propia compañía. Todo ello, con la finalidad además de cubrir con eficacia los servicios esenciales, respetar los encargos y contratos y garantizando en todo momento la mejor respuesta posible a lo solicitado desde Protección Civil en relación con la alerta sanitaria.
Tras la declaración del estado de alerta, SARGA adoptó todas las medidas necesarias para que, facilitando el teletrabajo y garantizando la seguridad de los trabajadores, quedase asegurada también la prestación de los servicios esenciales, incluyendo como tales los encomendados desde Protección Civil.
No obstante, el estado de alerta supuso la inmovilización de buena parte de los trabajadores en sus domicilios, entre otras numerosas razones, por no poder realizarse los desplazamientos habituales en vehículos de uso compartido. Esta circunstancia, sobre la que hubo una advertencia expresa de la Inspección de trabajo, provocó la paralización de muchos de los trabajos por los que SARGA factura en función de las unidades efectivamente ejecutadas conforme a las tarifas establecida siendo, en cualquier caso, una grave limitación para su desarrollo.
Tras considerar diferentes opciones, el Consejo de Administración ha adoptado las decisiones que, resultando posibles en el marco jurídico vigente y atendiendo a los objetivos mencionados, resultan menos lesivas para la compañía. Todo ello, sabiendo que los riesgos económico-financieros incluyen una elevada incertidumbre sobre el logro efectivo del reforzamiento financiero requerido, así como de las compensaciones o indemnizaciones que, conforme al marco legal del COVID-19, pudieran corresponderle a SARGA en su condición de empresa pública y que, en cualquier caso, se contemplan expresamente entre las medidas adoptadas.
El servicio de extinción de incendios forestales, declarado esencial y compuesto por 263 personas distribuidas por todo Aragón -101 personas en las cuadrillas helitransportadas, 101 en equipos terrestres y 61 conductores de autobombas-, han trabajado con regularidad desde el inicio del estado de alarma habiendo desarrollado sus tareas en régimen presencial (capataces, encargados, emisoristas), mixto (jefes de área) y teletrabajo (administración y resto de técnicos). Respecto al personal propiamente de extinción, las cuadrillas terrestres y helitransportadas y las autobombas, desde el inicio del estado de alarma hasta el miércoles 15 de abril han estado de localización. Las excepciones a esta localización han sido: tres salidas a extinción de incendios, la presencia en turnos en las bases helitransportadas y las colaboraciones con el 112 en tareas de desinfección.
Se ha determinado que las cuadrillas terrestres y helitransportadas que no estén involucradas en trabajos para el 112 retomen la actividad en los tajos de tratamientos silvícolas y así lo vienen haciendo desde el pasado miércoles, 15 de abril.
Por otro lado, el servicio de tratamientos silvícolas, que no tiene la consideración de esencial y en el que sus 344 integrantes han permanecido inmovilizados en sus domicilios conservando sus salarios, retoman la actividad una vez que la empresa puede garantizar su seguridad mediante la ampliación de la flota de vehículos para acceso a los tajos y la reorganización de su trabajo en turnos rotativos de mañana y tarde.
Las medidas adoptadas, sin afectar en ningún caso a la continuidad de los 1.154 trabajadores de la plantilla actual y garantizando su seguridad en el marco de la alerta sanitaria, también incumben al resto de las áreas de la empresa con el propósito de minimizar, en todo lo posible, el impacto tan desfavorable que el COVID-19 está teniendo, y va a tener, sobre la facturación de SARGA.