El Partido Popular de Aragón no quiere que el Gobierno de España decida sobre la autonomía financiera y la capacidad normativa de la comunidad autónoma, y mucho menos cuando esa intervención directa sobre la hacienda aragonesa deriva en exclusiva de la decisión de Pedro Sánchez de contentar a Unidas-Podemos y a sus socios de investidura en colaboración con algunos gobiernos autonómicos liderados por socialistas.
Esta mañana, la portavoz de Hacienda de los populares en las Cortes regionales presentó una propuesta legislativa de defensa de la autonomía financiera de Aragón para su debate en el pleno del Parlamento autonómico.
No se trata de un capricho del Partido Popular, sino la respuesta ante el ataque al artículo 156 de la Constitución que consagra la autonomía financiera de las comunidades autónomas y a la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas) que reserva para las regiones competencias en materia tributaria como la fijación de la cuantía del mínimo personal y familiar y regulación de la tarifa y deducciones de la cuenta respecto al IRPF, la determinación del mínimo exento y tarifa, deducciones y bonificaciones respecto a Patrimonio, y las reducciones en la base imposible, tarifa, fijación de cuantía y coeficientes del patrimonio preexistente, deducciones, bonificaciones y la regulación de la gestión en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Unas competencias que se extienden en términos muy similares al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, tributos sobre el juego o al Impuesto sobre Hidrocarburos.
La iniciativa legislativa de los populares aragoneses contiene dos puntos: la reivindicación y el respeto a la descentralización fiscal y a la capacidad normativa que en materia tributaria reconocen la Constitución y las leyes a las comunidades autónomas y, en segundo lugar, el rechazo a los acuerdos del gobierno de Pedro Sánchez a cambio de votos para eliminar la singularidad de las haciendas autonómicas.
“Llevamos ya años en Aragón oyendo a Javier Lambán hablar de armonización fiscal, cuando lo que tendría que exigir es precisamente que afronte ya el debate de la financiación de las comunidades autónomas, porque el debate de la armonización no deja de ser una falacia socialista y de la extrema izquierda para seguir subiendo impuestos a los aragoneses y a los españoles”, detalló la portavoz de Hacienda del Partido Popular que subrayó la incoherencia del actual postulado exhibido por el Partido Socialista de Aragón “que siempre ha defendido el federalismo asimétrico o del cupo fiscal para Aragón”, o la contradicción en la que se instalan Partido Aragonés y Chunta Aragonesista como defensores de ampliar y no limitar la autonomía ante una armonización fiscal “que supone un ataque frontal a la Constitución española, al Estatuto de Autonomía de Aragón, al autogobierno delas comunidades autónomas y a sus propios principios políticos”.
Los populares llevan tiempo advirtiendo que la armonización fiscal auspiciada entre otros por Javier Lambán, a la que ahora en términos parecidos se suman los socios del PSOE en el Gobierno de España, es en realidad una excusa para aplicar una subida generalizada de impuestos a los ciudadanos y a las empresas. El Partido Popular defiende justo lo contrario porque, sostienen, la autonomía fiscal permite a las comunidades presentar un régimen impositivo limitado pero propio para atraer de empresas que generan mayores ingresos por la vía de impuestos como ya sucede en otras comunidades autónomas.
El Partido Popular presenta esta iniciativa pocos días después de que un informe sobre competitividad fiscal de la Unión de Contribuyentes sitúe a Aragón como una las regiones españolas menos atractivas para particulares y empresas debido a sus altos impuestos. “Estamos en el grupo de las tres comunidades autónomas con mayor presión fiscal en España”, afirmó Carmen Susín que incluyó tanto los tributos propios como los cedidos para significar la decisión del gobierno Lambán de aplicar una mayor carga fiscal que la media española a todas las figuras impositivas sobre las que tiene competencias, “somos los decimosextos con mayor presión fiscal en el impuesto sobre la renta, los decimoséptimos en Patrimonio con la gravedad de que en Aragón se gravan más las rentas medias que las renta altas”, en contraposición a comunidades autónomas vecinas con menos impuestos a ciudadanos y empresas “y con las que tenemos que competir para atraer inversiones o consolidar nuestro sistema productivo”.
