Desde que el gobierno de Pedro Sánchez decretara el pasado mes de junio la ‘transición hacia un nueva normalidad’ ha correspondido a las Administraciones autonómicas gestionar la lucha contra el coronavirus pero, como tuvo que recordar esta mañana Mar Vaquero “una pandemia ha sido siempre una responsabilidad del Gobierno de España” y el “cierre por vacaciones de Sánchez” ha hecho recaer ese desafío en las comunidades autónomas.
Para la portavoz adjunta y de Institucional del Partido Popular en el Parlamento autonómico la nueva normalidad en Aragón apenas duró unos días ante la irrupción de una segunda oleada que colocó a la región a la cabeza de España en el número de contagiados y fallecidos, y fue a mediados de julio cuando los populares reclamaron al gobierno de Javier Lambán la adopción de tres medidas de manera urgente y prioritaria: la realización de todas las pruebas diagnósticas posibles y el seguimiento de los enfermos positivos con rastreadores, el refuerzo de la atención primaria y, finalmente, la aprobación de herramientas legislativas que permitieran a la Administración autonómica actuar con eficacia y agilidad para contener la pandemia.
El balance para los ciudadanos de esas políticas socialistas es la falta de resultados “no están siendo efectivas, y además por no haber exigido al Gobierno de España que se lleven a cabo esas medidas legislativas, decisiones que el Partido Popular apoya porque sigue tendiendo la mano al Gobierno para que se lleven a cabo esas medidas selectivas en su caso de confinamiento, no se pueden llevar a cabo por no tener cobertura legal”, apuntó la diputada.
El aumento de enfermos en Aragón es alarmante, “es que en estos momentos tenemos más de 41.000 contagiados por covid, que serán más porque cuantas más PCR se hagan es obvio que estamos conociendo que la pandemia, que la enfermedad afecta a un mayor número de aragoneses. Son también datos que ayer se nos comunicaba que teníamos un 15,31% de positividad. Muy grave. De las más altas tasas de positividad de España, más de un 15%. Estos datos son rigurosos que publica el Gobierno de Aragón. Pero es que además tenemos más de 1.500 fallecidos y de esos poco se habla” de los que según la información oficial 576 corresponden a esta segunda oleada.
SE LLEGÓ TARDE Y PRIMÓ LA SOBERBIA POLÍTICA EN EL GOBIERNO
La respuesta del Ejecutivo regional, en palabras de Mar Vaquero, fue “llegar tarde, además de esa soberbia política de no atender y de no escuchar al Partido Popular” pese a que la lealtad y el compromiso con las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias han sido la constante en la acción política de los populares. De hecho, los populares ya insistieron en junio y julio en la necesidad de hacer pruebas diagnósticas generalizadas “si el Gobierno de Aragón hubiera hecho más PCR, si hubiéramos tenido en esos meses la foto fija de cómo estaba la población aragonesa se hubieran podido tomar medidas efectivas antes, con resultados. De esas que sirven para proteger la salud, la vida y la integridad no solamente de los aragoneses sino también de los sanitarios” y por ello remarcó la necesidad de generalizar los test lo máximo población posible “a los colegios, a las residencias, en los centros residenciales, a todos los aragoneses porque es la única manera de conocer cómo está la población”. Además reiteraron, también durante esos meses, la obligación de reforzar la atención primaria para actuar con mayor eficacia frente a la segunda oleada “se lo volvemos a decir al Gobierno de Aragón, en estos momentos está colapsada”. Ni tampoco la coalición liderada por el PSOE aceptó la propuesta de incrementar el número de rastreadores cuando se contaba con el ofrecimiento expreso del Ministerio de Defensa. “¿Qué es lo que pedimos al Gobierno de Aragón?, que abandone la soberbia política y sobre todo que cumplan la ley”, expresó la diputada para referirse de manera concreta a los “varapalos judiciales” sufridos por Ejecutivo por adoptar decisiones fuera de sus competencias, y por ello remarcó el requerimiento al presidente del Ejecutivo autonómico para que demande a Pedro Sánchez las “modificaciones legislativas” que amplíen el margen competencial de las comunidades autónomas y que éstas puedan, además de gestionar la pandemia en el ámbito sanitario, desplegar acciones legales. Decisiones recientes fallidas del Gobierno de Aragón como la nulidad de las restricciones de aforo impuestas a la hostelería o el confinamiento de la Almunia o las medidas restrictivas aplicadas en Andorra son ejemplos de ineficacia precisamente, afirman en el Partido Popular, cuando lo que requiere la situación es justo lo contrario.
