El Ayuntamiento de Zaragoza, a través de la Comisión de Urbanismo, someterá esta semana a aprobación definitiva la modificación aislada 214 del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza (PGOU). Esta modificación tiene como objetivo establecer un marco urbanístico seguro y claro para la expansión de la producción de energía eólica y fotovoltaica en el término municipal. Se busca evitar conflictos con la protección del regadío tradicional y garantizar el bienestar de los ciudadanos en áreas residenciales.
El artículo 4.1 de la Ley de Urbanismo de Aragón destaca la importancia de lograr un desarrollo sostenible, equilibrado y cohesionado en las ciudades y territorios. Esta es la intención fundamental de la modificación. «Queremos ordenar nuestro territorio para hacer de Zaragoza una ciudad amigable con la producción de energías limpias, pero compatible con nuestros valores paisajísticos y productivos, sin alterar las condiciones residenciales de nuestros vecinos», explicó Víctor Serrano, consejero de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda.
Entre la aprobación inicial y la definitiva, se aceptaron alegaciones sobre distancias mínimas y el respeto a normas sectoriales. Serrano recordó que fueron los grupos municipales de la izquierda los que, con la modificación 153 del PGOU en mayo de 2018, permitieron la instalación fotovoltaica en cualquier suelo municipal, causando cierto desorden y malestar en barrios rurales. «Esta modificación del plan general es un dique contra esa anarquía y dispersión», afirmó Serrano.
La modificación 214 introduce nuevas condiciones para la ubicación de plantas solares y parques eólicos no destinados al autoconsumo. Se establecen distancias mínimas de 750 metros para solares y 1 kilómetro para eólicos respecto a suelos urbanos residenciales, y 375 metros entre las propias plantas.
Además, se permitirá a las industrias ya instaladas en polígonos de la zona instalar una planta fotovoltaica en suelos colindantes para autoconsumo, prohibiéndose su uso para venta o cesión a la red externa.
Las instalaciones de generación y evacuación de energía que no sean de autoconsumo y no estén en suelos especialmente protegidos se considerarán de interés público general, por lo que no requerirán autorización especial previa cuando el promotor sea una administración pública o concesionario con el objetivo de abastecer a la ciudad o a sus equipamientos.
La normativa también permitirá que equipamientos y servicios municipales sean compatibles con la instalación de elementos de producción de energía. En construcciones protegidas culturalmente o situadas en entornos BIC, se requerirán autorizaciones según la ley de patrimonio cultural.
