La entidad financiera ha sido condenada a devolver a un zaragozano los casi 120.000 euros que invirtió en acciones del Popular en el mismo año de su quiebra, 2017. Una compra que, según sostiene la sentencia, estuvo motivada por las adulteradas expectativas de solvencia que el banco, en su momento, le profesó a este inversor minorista. Además de la indemnización por daños y prejuicios, el Santander deberá hacer frente a las costas del procedimiento judicial y a los intereses legales desde la fecha de la inversión. Aun así, la sentencia no es firme, por lo que el Santander tendrá 20 días para presentar su recurso de apelación.
El pasado 22 de enero, el Juzgado de Primera Instancia Número 11 de Zaragoza estimó la demanda interpuesta por el despacho que defiende al afectado, Durán&Duran Abogados. Una estimación que, en opinión de los letrados, no hace sino abrir “una vía en la capital aragonesa” para reclamar “el dinero perdido en la inversión de acciones del Banco Popular”, como ya viene haciéndose en otras ciudades de España. Venta que, argumentan desde Durán&Duran, “no necesariamente” fue efectuada “en los años que el Popular realizó sus principales ampliaciones de capital” (2012 y 2016), sino que tuvieron lugar, incluso, “tan solo unos días antes de la resolución de Banco Popular y su posterior venta al Santander por el simbólico precio de un euro”. Arguyen asimismo los abogados del afectado que el Popular desmintió “hasta el último momento” cualquier problema de solvencia o riesgo de crédito.
