El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha presentado las medidas del Decreto Ley de medidas urgentes que impulsan la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Económica y Social de la Comunidad, que cuenta con más de 500 millones de euros del presupuesto de 2020, y que ha sido aprobado hoy por el Consejo de Gobierno con el fin apoyar a los sectores más castigados por la pandemia de forma complementaria a las ayudas del gobierno central.
La norma supone la reactivación de todas las inversiones productivas supone una apuesta directa por la industria, la economía y el empleo. Además, da encaje legal a todas las acciones, acelera la recuperación, garantiza agilidad de la administración y ofrece liquidez para las empresas. Todo ello encaminado a flexibilizar y agilizar el funcionamiento de la Administración para reducir los efectos económicos de la covid-19.
El consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, ha detallado que el Gobierno de Aragón activará 510 millones de euros del presupuesto de 2020 para poner en marcha la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Económica y Social, que firmó el Ejecutivo el 1 de junio con los partidos políticos con representación en las Cortes (salvo VoX, que rehusó hacerlo), los agentes sociales y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias. Se trata de una reorientación total de las cuentas del sector público autonómico que entraron en vigor el 1 de enero, cuyo objetivo es la reactivación de todas las inversiones productivas, el impulso a la industria, la economía y el empleo, así como dotar de liquidez a las empresas y autónomos y de mayor agilidad a la Administración.
La estrategia se nutre en primera instancia del presupuesto de Aragón, que se orientó a combatir los efectos sanitarios y sociales de la pandemia, merced al Decreto Ley 1/2020 del 25 de marzo y que, ahora, con el fin del estado de alarma, se canaliza a la recuperación del músculo económico de la Comunidad aragonesa.
La gestación de esta reforma del presupuesto responde a un profundo análisis en el que han participado todos los departamentos con los responsables de Hacienda para hacer frente a las nuevas exigencias que ha generado la pandemia y que debe poner las bases de la recuperación de la Comunidad.
La reorientación económica de las cuentas públicas del 2020 se produce para dar cumplimiento a la Estrategia Aragonesa de la Recuperación, que, por ejemplo, en sus artículos 9, 10, 199 y 205 habla expresamente de mantener los compromisos adquiridos en materia de contratos de servicios, reactivar los concursos y las licitaciones de obra pública retrasados por efecto de la pandemia, a la vez que acelerar los procedimientos que permiten su ejecución.
Defensa del estado de bienestar
Es decir, esta herramienta financiera refuerza el carácter proactivo del Gobierno de Aragón y respalda su compromiso en la defensa del Estado del bienestar, sanidad, educación y servicios sociales. De esta manera, el Ejecutivo aporta certidumbre al tejido económico de Aragón, con los consecuentes efectos en la revitalización de la inversión, el consumo, o la contratación de trabajadores, por ejemplo.
Las medidas presupuestarias, vinculadas por lo tanto a la estrategia de recuperación, se organizan en un Decreto Ley, que actúa de marco regulador y engranaje administrativo para facilitar la puesta en marcha de los acuerdos, favoreciendo la urgencia en las tramitaciones y en la contratación, la agilidad de la Administración en sus procedimientos y en su métodos de trabajo y el dinamismo a la hora de hacer frente a las diferentes líneas de subvenciones, a la concesión de becas, o de avales para las empresas.
Reactivación de las inversiones
La Estrategia Aragonesa de Reactivación Social y Económica nació con la voluntad de todas las partes de que nadie quedara atrás en esta crisis de manera que una de las primeras decisiones pasa por reactivar todos los programas que generan actividad económica e industrial, aunque los estímulos se dirigen también a la innovación, la investigación, el turismo y todos los sectores que aportan a la riqueza de Aragón.
Líneas de activación más destacadas:
La reactivación de los proyectos que ya eran una referencia de futuro en Aragón, como Amazon, Guissona, con una inversión para este año de 4,6 millones, o la rehabilitación de la estación ferroviaria internacional de Canfranc.
Especial interés cobran los proyectos de mejora de infraestructuras viarias, que concentran una inversión de 40 millones.
También se activa el desarrollo en materia de vivienda, 20M, así como las ayudas para el alquiler por valor de 3,8 millones.
Otro de los puntos de atención se dirige al desarrollo de las infraestructuras de depuración, por valor de 7M.
Destaca también la reanudación de las labores de construcción de los equipamientos educativos, 31M, o de los sanitarios, cifrados en 57.
La reactivación también se vinculará con el desarrollo de la estrategia de impulso de las plataformas logísticas, potenciando centros con multimodalidad e integrando el mundo rural a través del e-commerce, con 38 millones.
La nueva vida del presupuesto de la Comunidad y de sus empresas públicas permite también centrar los esfuerzos en la inversión empresarial con aportaciones complementarias a los incentivos regionales y a través del programa PAIP de Ayuda a la Industria y a la Pyme de Aragón con aportaciones en el entorno de los 5 millones.
Otras formas de apoyo a las empresas se concretan mediante los convenios con las cámaras de Comercio o las aportaciones que impulsan el diálogo social.
Uno de los objetivos fundamentales de este esfuerzo presupuestario es incidir en la mejora del empleo, un ámbito duramente castigado por la pandemia que ahora se trata de reconstruir. 43 millones servirán para poner en marcha medidas de inserción laboral, y de mejora del empleo para la mujer.
La automoción es un sector básico en la producción de riqueza para Aragón, que se beneficiará de 3,1 millones para implantar el vehículo eléctrico; 3,5 para establecer un marco estratégico de promoción de la movilidad eléctrica, así como 4 millones para Opel PSA.
Y junto con la automoción, el Turismo tiene una atención especial con aportaciones superiores a 6 millones.
De igual manera se contemplan medidas de impulso y promoción en el sector agrario.
El sector del transporte de viajeros por carretera verá compensada la falta de actividad con, al menos, 1,5 millones.
La investigación científica se reserva 1,5 millones, de los que 600.000 financiarán una convocatoria internacional extraordinaria para contratar un máximo de 8 investigadores del área biosanitaria y de tecnologías médicas, que canalizará la Fundación Agencia Aragonesa para la Investigación y el Desarrollo (ARAID), y 900.000 para becar al alumnado de primer año de estudios de Grado cuyas unidades familiares se hayan visto damnificadas económicamente por los efectos del coronavirus.
Por lo que respecta al ámbito cultural, se movilizan más de 4 millones para favorecer el tejido cultural y sostener las empresas culturales de la Comunidad Autónoma. Destaca una nueva línea de ayudas extraordinarias a las industrias culturales, dotada con 1 millón de euros, con el objetivo de aportar liquidez al sector para garantizar la continuidad de dichas estructuras empresariales. En cuanto a las ayudas ordinarias a la actividad cultural, se convocarán a la mayor brevedad, con criterios de flexibilidad en lo que respecta a su justificación, y con incrementos económicos en todas las líneas.
Además, se destinan 0,9 millones de euros a acciones como el desarrollo del programa RAEE (Red Aragonesa de Espacios Escénicos), el apoyo a los festivales de Aragón, actividades culturales que impliquen contrataciones por parte del Gobierno de Aragón, la implementación de un plan de adquisición de libros y la puesta en marcha de un plan de adquisición de arte contemporáneo, un programa que quiere tener vocación de continuidad.
Estas medidas deberán activarse mediante las oportunas órdenes de los departamentos, que las irán poniendo en marcha en función de las prioridades que se marquen en cada departamento
Liquidez
En todo el elenco de medidas que se van a desarrollar hasta el 31 de diciembre tiene una importancia capital, en consonancia con lo expresado por la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Económica y Social, la liquidez de las empresas. El objetivo es, por un lado, evitar la morosidad y agilizar el pago a los proveedores de servicios y contratas de la Administración, considerándolos como servicios básicos de funcionamiento. Así, se ha favorecido el pago de la Administración a través de contratos de cuentas de crédito con vencimiento inferior a un año, aumentando la capacidad de endeudamiento del 12 al 30% del gasto no financiero. De hecho, este empeño ha llevado a rebajar en plena pandemia el Pago Medio a proveedores en 24 días, pasando de los 55 de febrero a los 31,72 días de abril.
Por otro lado, se aboga por favorecer la liquidez de las pymes y autónomos facilitando con las herramientas de que dispone la Comunidad Autónoma el acceso al crédito. Es crucial el reforzamiento de avales y préstamos a través de AVALIA, Sodiar y Suma Teruel. Entre los tres organismos hay ya anunciadas en la actualidad medidas por 63 millones de euros que tienen una gran capacidad multiplicadora de liquidez en el tejido productivo aragonés. Se trata de mecanismos para promover el reinicio de la actividad productiva y restaurar el tejido empresarial, que se acompañan de otras como las moratorias de los contratos patrimoniales.
En este sentido, para reforzar esta liquidez, el Decreto-Ley aprobado en el día de hoy autoriza la formalización de un nuevo contrato de reafianzamiento con AVALIA (empresa participada por el Gobierno de Aragón) por un importe de 20 millones de euros, que favorece la actividad de esta empresa dedicada al otorgamiento de avales a pymes y autónomos en las mejores condiciones.
El Gobierno de Aragón estará además facultado para definir como créditos ampliables todos lo que sean precisos para poner en marcha las medidas que se integren en la estrategia. De hecho, el titular de Hacienda, además de habilitar créditos, podrá retenerlos o acometer modificaciones presupuestarias que permitan sacar adelante los proyectos concretos.
En todo el trabajo administrativo que deberá dar cobertura a los expedientes de gasto de los proyectos se prima la celeridad, con lo que será suficiente la aprobación de los mismos para que echen a andar sin necesidad del visto bueno del Consejo de Gobierno, aunque deberán ser comunicados a la Intervención general para que pueda realizar su labor fiscalizadora.
Garantizar las subvenciones
En este paquete de medidas de estímulo juegan un papel importante también las subvenciones, tan necesarias antes como después del estado de alarma, que dejarán los expedientes exentos del trámite de fiscalización previa, en aras a la agilidad en la concesión.
Está prevista la posibilidad de modificar las líneas de subvenciones en todos los casos en los que sea necesaria la adaptación a la Estrategia de Recuperación, ya sea modificando el Plan Estratégico, las bases reguladoras o las convocatorias, pero en una tramitación única. De la misma manera, se amplían plazos de ejecución y de justificación a aquellas concedidas antes del estado de alarma, pero afectadas en su desarrollo por la situación de paralización de la actividad que ha afrontado el país.
Se contemplan también excepciones al compromiso de mantenimiento del empleo que va asociado a la entrega de ayudas y subvenciones, así como a los porcentajes mínimos de trabajadores con discapacidad o en proceso de inserción que deben cumplir determinadas empresas para mantener su calificación y que deberán recuperar tras la finalización del estado de alarma. Éstas medidas se orientan de manera especial al fomento del empleo de las personas más vulnerables.
Se dispone también que las subvenciones a entidades públicas del Sistema I+D+i para el fomento de la investigación podrán pagarse anticipadamente en su totalidad. Finalmente, las relativas al transporte por carretera se tendrá en cuenta el transporte regular de viajeros que sea deficitario y que no esté financiado con contrato programa para poder realizar abonos a cuenta; también se atenderán los servicios públicos que hayan reducido la actividad a causa de la COVID-19 a fin de paliar los ingresos no percibidos, los sobrecostes de explotación y otras variables.
Procedimientos de urgencia
En todo el trabajo administrativo que deberá dar cobertura a los diferentes proyectos se prima la celeridad, con lo que será suficiente la aprobación de los mismos para que echen a andar sin necesidad del visto bueno del Consejo de Gobierno, aunque deberán ser comunicados a la Intervención general para que pueda realizar su labor fiscalizadora.
Asimismo, se dispone la declaración de urgencia de todos los procedimientos administrativos para activar las diferentes medidas previstas y con carácter general, el procedimiento de urgencia en los expedientes de contratación.
Personal de refuerzo
El trabajo que se derivará de la activación de las diferentes medidas contará con personal de refuerzo para el trabajo administrativo, que se habilitará mediante las Unidades Transitorias de Apoyo, que no supondrán incremento de gasto de personal. También se recurrirá a la figura de la atribución temporal de funciones para reforzar los departamentos en los que se detecte una mayor actividad y no se pueda atender con el personal habitual. En todo el proceso de trabajo de la Administración se incorpora ya el teletrabajo como modalidad laboral. Igualmente, a través de las Unidades Mixtas de Innovación, se atenderá la implantación de la administración electrónica de los servicios y la transformación digital para que la Administración pueda dar una respuesta eficaz ante las nuevas necesidades que surjan en el futuro.
El Decreto Ley faculta al Gobierno para dictar todas las disposiciones necesarias que permitan desarrollarlo. No obstante, deberá ser ratificado en las Cortes de Aragón.
