El Comité Ejecutivo de CEOE Aragón, reunido hoy, se ha hecho eco de las reiteradas quejas que le transmiten empresas por el volumen, lentitud y disparidad de criterios que sufren en las tramitaciones necesarias para su actividad.
Este problema, crónico en las administraciones y reiteradamente criticado desde el tejido empresarial, se ha agravado con la pandemia y la suma de retrasos que añaden los criterios de muy escasa atención al público y trabajo a distancia que mantienen las administraciones desde el mes de marzo. Una situación que contrasta claramente con la realidad del ámbito privado empresarial y laboral, y con las necesidades de agilización y eficacia que requiere mantener la actividad productiva y respaldar proyectos de inversión que hoy menos que nunca podemos retrasar o perder.
CEOE Aragón tiene la mirada puesta en la aprobación autonómica de un decreto de simplificación de trabas administrativas, anunciado por el Gobierno regional y que confía en que recoja algunas de las reivindicaciones prioritarias que ya en mayo transmitió la Confederación tras un informe de su Comisión de Medio Ambiente: la declaración responsable, el silencio administrativo positivo y la colaboración de la administración con colegios profesionales para la agilización de algunos procedimientos.
No obstante, considera urgente repensar algunos planteamientos de las administraciones y no excusar con la pandemia nuevos retrasos y paralizaciones, que llevan al límite la resistencia de muchas empresas y se suman actualmente a las ya innumerables incertidumbres y problemas a los que los negocios tienen que hacer frente en estos momentos.
Es necesario recordar que estos proyectos retrasados durante meses y, en ocasiones, abandonados por no poder acometerse con la rapidez que el sector privado y el mercado exigen son fundamentales en muchos casos para iniciar o mantener la actividad de las empresas y, en otros, para incrementar su competitividad, tamaño y empleo.
A la vorágine de trámites administrativos de todo tipo exigidos a negocios tanto nuevos como ya existentes, se une en demasiadas ocasiones la disparidad de criterios entre las distintas administraciones, organismos o responsables; los cuellos de botella en algunos organismos (desde el Inaga autonómico a servicios de los diferentes Ayuntamientos y, por supuesto, el ámbito estatal). Ahora, además, se suma la limitación de citas presenciales en las administraciones y el teletrabajo sin un sistema adecuado de trabajo ni medios, como sí se les exige a las empresas, y con temas tan poco operativos para una labor a distancia mínimamente efectiva como la prohibición de sacar de las dependencias administrativas determinados documentos.
CEOE Aragón reclama, por tanto, la urgente revisión de estos aspectos y la agilización en todo lo posible tanto de la normativa para acelerar estas tramitaciones como de las gestiones administrativas en sí mismas.
No olvidemos que de estos procedimientos depende la actividad de las empresas y de estas más del 80% del empleo tanto en Aragón como en la Comunidad Autónoma, la gran mayoría de los productos y servicios que consumimos todos y los impuestos que generan los ingresos con los que se mantienen los ingresos, servicios y sueldos públicos.
