El 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad con el objetivo de promover los derechos y el bienestar de este colectivo vulnerable, para lo cual resulta imprescindible que puedan contar con una sólida red de apoyos que les permitan su pleno desarrollo personal y su inclusión social, en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía. Por ello, coincidiendo con esta celebración, Plena Inclusión Aragón, la red de organizaciones que apoyan a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias en esta comunidad autónoma, quiere alertar sobre el peligro inminente de colapso económico que amenaza a las entidades sin ánimo de lucro que prestan dichos apoyos, si no se aplican medidas que garanticen la sostenibilidad de un sector olvidado y limitado por los enormes gastos que asume.
Plena Inclusión Aragón, que agrupa a 40 organizaciones implantadas en 22 poblaciones del territorio aragonés y en Zaragoza capital, donde gestionan 52 centros y 76 servicios, avisa del peligro de desprotección al que quedarían expuestas buena parte de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo residentes en la comunidad autónoma, así como sus familias, en caso de que no se produzca un incremento del coste por plaza acorde, como mínimo, al incremento del IPC.
Estas 40 entidades atienden a un porcentaje muy significativo de las personas con discapacidad intelectual que tienen asignada una plaza en la red pública aragonesa de atención a este colectivo. Pero, en caso de colapso, ellas no serían las únicas perjudicadas. La gestión de dichas plazas genera cerca de 1.400 puestos de trabajo directo y un número importante de indirectos. “Unos empleos cualificados, altamente feminizados y que no son susceptibles de deslocalización, muchos de ellos en poblaciones donde la entidad prestadora de servicios a la discapacidad es la empresa con mayor número de trabajadores de la localidad, lo que da a entender la importancia de nuestras organizaciones en el tejido social de cada municipio y para luchar contra la despoblación”, subraya Santiago Villanueva, presidente de Plena inclusión Aragón.
“Estamos comprometidos con la mejora de los apoyos centrados en la persona, pero es inexcusable y urgente un aumento de la financiación de nuestras entidades si no queremos que aumente la vulnerabilidad de miles de aragoneses y aragonesas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias, peligrando la calidad y los puestos de trabajo”, advierte Villanueva.
Cabe recordar que, en el año 2009, se congelaron los precios que el Gobierno de Aragón transfiere a estas entidades por la prestación de los servicios que garantiza la legislación autonómica en materia de servicios sociales. Y que estas tarifas no se actualizaron hasta 2019, con una cantidad muy inferior a su coste real.
Para garantizar la calidad de su intervención durante estos años de congelación, las asociaciones y fundaciones de Plena Inclusión Aragón han tenido que hacer frente a incrementos del salario mínimo interprofesional y a la actualización de los costes salariales vinculados al XV Convenio Colectivo que regula las remuneraciones de los profesionales de sus centros y servicios, un eslabón crucial de su engranaje. A eso se ha sumado también todo lo relacionado con el gasto generado por las medidas de prevención frente a la covid-19, que se ha incorporado de forma estable a la estructura de costes de las entidades que mantienen la compra de elementos de protección, obras de acondicionamiento y refuerzo de plantillas. A todo ello se añade el incremento experimentado en las facturas relacionadas con la energía, el transporte o la alimentación, y que a fecha de hoy el IPC acumulado está en un 5,6%.
“En estos dos años de pandemia, los trabajadores y trabajadoras del sector han ejercido su labor bajo unas enormes exigencias por parte de todos, y no solo han respondido, sino que a menudo lo han hecho por encima de lo razonable. Por ello, creemos que ellos y ellas, que tanto han aportado, no deberían de perder poder adquisitivo, máxime cuando el convenio que regula el sector es de los más bajos que existen”, señala Villanueva.
Además, el presidente de Plena inclusión Aragón destaca el carácter no lucrativo de las organizaciones prestadoras de servicios pertenecientes a este movimiento asociativo familiar. “Nuestras entidades y sus centros aportan una calidad y calidez a las personas usuarias que ninguna multinacional les dará nunca”.
Plena Inclusión Aragón insiste en que la situación es grave y reclama al Gobierno de Aragón que garantice la sostenibilidad económica de las organizaciones que prestan apoyos a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. También reclama al Gobierno de España que aporte el porcentaje al que se comprometió para financiar las prestaciones y servicios vinculados a la ley de la dependencia, y que tenga en cuenta la dispersión demográfica característica del territorio aragonés, evitando la pérdida de puestos de trabajo.
