Setenta secretarios-interventores de la provincia se han formado en urbanismo para pequeños municipios gracias a un curso organizado por la Diputación de Zaragoza en colaboración con el Instituto Nacional de Administración Pública. A lo largo de cuatro sesiones, los asistentes han recibido información sobre diferentes temas relacionados con el urbanismo como el planeamiento, las licencias, la implantación de fuentes de energía renovables y la conservación.
El curso se ha dividido en cuatro sesiones de cuatro horas de duración cada una. En cada una de ellas se ha abordado un tema diferente relacionado con el urbanismo para pequeños municipios.
La primera sesión estuvo impartida por el administrador superior y subdirector provincial de urbanismo de Zaragoza, José Carlos García. En ella se abordó el Plan general de ordenación urbana simplificado, la delimitación del suelo urbano y las normas subsidiarias provinciales para los municipios sin planeamiento.
El jefe de servicio de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Jaca, José Luis Bartolomé, fue el encargado de impartir la segunda sesión del curso. Giró en torno a las licencias y otros actos de control municipales y se abordaron los títulos habilitantes de naturaleza urbanística, las licencias ambientales, las de establecimientos públicos así como otras licencias y autorizaciones.
A lo largo de la tercera sesión se hizo especial referencia a la problemática derivada de la implantación de instalaciones de generación de electricidad mediante fuentes de energía renovables como son la eólica y la fotovoltaica. Estuvo impartida por el abogado Pedro Corvinos, quien trató la ordenación urbanística de estas instalaciones, permisos, autorizaciones y licencias, cuestiones patrimoniales y tributos municipales y otros ingresos municipales de derecho público.
El curso finalizó esta semana con la última sesión a cargo del secretario del Ayuntamiento de Calatayud, Sergio Diego, que abarcó el deber de conservación y disciplina urbanística, abarcando las órdenes de ejecución, la declaración de ruina, la ejecución subsidiaria, la inspección urbanística y la protección de la legalidad.
