El Gobierno de Aragón celebró este lunes su primer Consejo de Gobierno de septiembre, centrado en la mejora de los servicios públicos y en la interposición de un recurso contra la Ley Orgánica de amnistía. La vicepresidenta y portavoz, Mar Vaquero, anunció la aprobación de un convenio de colaboración con la Administración General del Estado para financiar el sistema público de dependencia en Aragón, con una aportación de 39,9 millones de euros.
Vaquero destacó que Aragón se ha beneficiado gracias a su alto grado de ejecución y cumplimiento en materia de dependencia, logrando atender a más personas que el año anterior.
En el ámbito sanitario, el Consejo aprobó la licitación del nuevo contrato de transporte sanitario no urgente por carretera, valorado en 57,8 millones de euros para los próximos cuatro años, prorrogable por dos más. Esta licitación representa un aumento de 16,6 millones de euros respecto al contrato anterior. Además, se incentivará a las empresas que ofrezcan mejores condiciones salariales a su personal, una mejora clave para miles de aragoneses.
El Consejo también autorizó un nuevo contrato para el servicio de diálisis peritoneal domiciliaria, valorado en 5,1 millones de euros, con una duración de dos años y posibilidad de prórroga. Este contrato incluye actualizaciones de precios y un sistema avanzado de telemonitorización para ofrecer más y mejor información a los pacientes.
En educación, se aprobó la contratación de 18 técnicos de educación infantil para las nuevas aulas de escolarización anticipada en 10 centros educativos de Zaragoza, 4 en Teruel y 4 en Huesca, muchos de ellos en zonas rurales. Esta iniciativa responde al aumento de la demanda de estas aulas por parte de las familias.
El Consejo también aprobó la adhesión del Gobierno de Aragón a un convenio de colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, destinando 225.000 euros a proyectos humanitarios. Por último, se encargó a Tragsa la ejecución de trabajos de mejora en la concentración parcelaria de Gurrea de Gállego, con un coste estimado de 4 millones de euros.
