Julio Calvo Iglesias
Exconcejal del Ayuntamiento de Zaragoza
Cristina Herrero ha sido la presidenta de la AIReF, Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, hasta el pasado 3 de marzo en que fue cesada por cumplimiento estricto de su periodo de mandato. Los días previos a su cese concedió varias entrevistas a los medios en las que señaló la inminencia de las reformas: “Este gobierno o el que venga tendrá que hacer ajustes fiscales ya el próximo año.” Habló, fíjense, de ajustes y no de reformas. Digamos que los ajustes son reformas inevitables. Porque van a ser inevitables. Nadie los quiere asumir e imagino que todos los partidos rezan para que sean otros, cuando realmente lleguen a ser inaplazables, quienes hayan de acometerlos bajo su mandato. Porque van a ser dolorosos y, por tanto, tremendamente impopulares, como los que le tocó anunciar a Zapatero con la voz quebrada desde la tribuna del Congreso hace de esto ya unos cuantos años.
Hay muchas reformas pendientes en este país, unas, esos ajustes inevitables y, otras, las reformas constitucionales y/o legales necesarias para impedir que muchas de las cosas insólitas que están sucediendo en España en estos últimos años puedan volver a suceder o que, al menos, si suceden, tengan consecuencias graves para quien ose perpetrarlas, o aquellas otras dirigidas a corregir las disfunciones de nuestro sistema político y del actual y caótico marco normativo.
Los ajustes han sido ya expuestos en muchos foros, también por la expresidenta de la AIReF, y se refieren al control del gasto público, del déficit y la deuda, a las reformas del sistema de pensiones que garanticen su suficiencia y sostenibilidad, a los riesgos del nuevo modelo de financiación autonómica que aumenta las desigualdades territoriales y debilita (más aún) al Estado, y a la ausencia de Presupuestos Generales (tres años ya) y de una planificación presupuestaria adecuada.
Que están sucediendo cosas insólitas, que no serían imaginables en ningún otro país de nuestro entorno, es algo que no creo que nadie se atreva a negar. Es insólito que un candidato que ha perdido las elecciones compre los apoyos para su investidura a cambio de la impunidad de unos delincuentes juzgados y condenados. O que se negocien las leyes en reuniones secretas en el extranjero y con interlocutores que no ostentan ninguna representación legal. O que ese presidente del Gobierno se niegue a comparecer en el Senado cuando es requerido para dar explicaciones sobre el accidente de Adamuz y que lleve dos años sin comparecer en sus sesiones de control. O que lleve tres años gobernando sin presupuestos y que ni siquiera presente su proyecto a las Cortes Generales como ordena la Constitución. ¿Qué consecuencias derivan de no hacerlo? Ninguna, porque nadie previó que pudiera llegar a suceder. Pues habrá que legislar sobre ello y que quien no presente el proyecto de presupuestos sea cesado e inhabilitado para gobernar. Y como en eso, en tantas otras cosas.
Pero el paso de los años y las leyes aprobadas han demostrado la necesidad de revertir muchas cosas, los sistemas de concierto económico vasco y navarro, por ejemplo, propios de un sistema confederal y que conceden una financiación claramente privilegiada a los ciudadanos de esas dos comunidades, que, por cierto, pagamos los demás. ¿Hasta cuándo vamos a seguir haciéndolo? O las transferencias de competencias especialmente sensibles a las comunidades autónomas en materia de Sanidad, Educación, Justicia y cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado. ¿Nos han hecho las autonomías más libres, más ricos o más felices? ¿Necesitamos, sólo por poner algún ejemplo, una ley de defensa de los consumidores y usuarios en cada comunidad autónoma, además de la ley estatal? ¿Necesitamos un defensor del pueblo en cada autonomía? ¿Realmente necesitamos ese otro escalón político y administrativo que son las comarcas? ¿Podemos sostener todo eso? O las leyes lingüísticas claramente vulneradoras de derechos. O las leyes de género e inmigración. O las leyes de Memoria Histórica. O el Plan Hidrológico Nacional. O una Ley del Suelo que dé respuesta a la dramática necesidad de vivienda y de suelo urbanizable abundante y apto para construir. Estoy convencido, a la vista de los resultados de las últimas elecciones, donde la derecha ha obtenido amplias mayorías, que esas reformas serían muy bien recibidas por los ciudadanos de ese espectro político, hoy mayoritario, y que además son necesarias.
Hoy no hay derecha y ultraderecha en España: hay una derecha liberal y una derecha conservadora, ambas indudablemente democráticas, con una amplia zona de transición entre ambas, sin límites claros, en la que se ubica una buena parte de ese electorado de derechas. Y son precisamente los políticos situados en esa zona de confluencia los mejor posicionados para liderar los pactos entre ambas. Las reformas que vienen son inevitables, impopulares unas y muy necesarias todas. Hay que saber identificar y priorizar los problemas, que creo que son ampliamente conocidos, y ponerse de acuerdo en las leyes que hay que modificar. Pero hace falta determinación, capacidad técnica y política y un respaldo electoral suficientemente amplio. Y todo eso lo hay. Pero hay que ponerse a ello ya o el país se nos va a ir por el sumidero de la Historia.
