La consejera de Bienestar Social y Familia de Aragón, Carmen Susín, ha denunciado la sobreocupación del sistema de protección de menores migrantes no acompañados, que alcanzó el 207% de su capacidad en 2024. Durante el pasado año, el sistema atendió a 494 menores en total, con una ocupación máxima de 216 menores bajo tutela, superando las 104 plazas disponibles para este grupo específico.
Datos del sistema de protección en Aragón
En una rueda de prensa celebrada el 3 de junio de 2025, Susín presentó estos datos tras la admisión a trámite del recurso del Gobierno de Aragón contra un Real Decreto Ley sobre el reparto de menores migrantes no acompañados. Este recurso ha sido elevado a la Audiencia Nacional. Además, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimó las medidas cautelares solicitadas por la DGA para suspender la obligación de informar sobre el sistema de protección de menores en la Comunidad Autónoma.
El sistema de protección de Aragón cuenta con un total de 364 plazas, de las cuales 104 están destinadas a menores migrantes no acompañados. El resto se distribuye entre diferentes tipos de atención, como menores embarazadas, menores con discapacidad y aquellos en centros de internamiento o con trastornos de conducta. Al final de 2024, había 119 jóvenes ex tutelados en programas de transición a la vida adulta.
Críticas al Gobierno de España
Carmen Susín también criticó el Real Decreto Ley del Gobierno de España, señalando que no responde al interés superior de los menores migrantes, sino a intereses políticos que afectan la igualdad y solidaridad entre Comunidades Autónomas. La consejera destacó que el Estado ha establecido que Aragón debe mantener un número elevado de plazas vacías para acoger a menores, lo que considera una decisión arbitraria.
Susín expresó su preocupación por la falta de respuesta del Gobierno central ante la crisis migratoria y la necesidad de que se cumpla la orden del Tribunal Supremo para reubicar a más de 1.200 menores que permanecen en Canarias. La consejera subrayó que la responsabilidad de encontrar soluciones recae en quienes han creado el problema y que el Gobierno de Aragón se compromete a cumplir con la ley y proteger a los menores en su comunidad.
