El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió en Aragón un 1,1% en abril respecto a marzo, una décima inferior a la media española (1,2%), situándose la tasa interanual en el 2,6%, un avance un punto superior al de marzo (1,6%) y se sitúa cuatro décimas por encima de la media española donde el IPC subió un 2,2%. Este dato hace que Aragón sea la tercera comunidad autónoma con la mayor inflación interanual por detrás de Castilla-La Mancha (2,8%) y Galicia (2,7%).
Con este repunte, con el que el IPC anual encadena su cuarta tasa positiva consecutiva, la inflación escala a niveles desconocidos desde septiembre de 2018 en el que superó los dos puntos. Así mismo, la tasa interanual de la inflación no registraba una subida mensual tan significativa (de 1,1 puntos) desde finales de 2016, cuando pasó del 1,6% en diciembre de ese año al 3% en enero de 2017.
Al fuerte incremento de los precios en abril ha contribuido, principalmente, el encarecimiento de la electricidad, el gas y los carburantes en un 4,1%, en contraste con la bajada de precios que experimentaron en abril de 2020 en plena pandemia y las medidas de confinamiento que se tomaron para hacerle frente. Aunque los precios energéticos están sujetos a una elevada volatilidad, también hay factores propios del mercado energético español que producen fenómenos como una transmisión intensificada de los precios a los consumidores o una respuesta más lenta a las bajadas que a las subidas en los mercados internacionales. Por ello, es imprescindible poner en marcha las reformas necesarias para evitar que se produzcan subidas de los precios de luz tan elevadas como las venimos sufriendo los últimos meses, especialmente si se tiene en cuenta que los productos energéticos ocupan un peso significativo en los presupuestos de los hogares con menor renta y el riesgo de pobreza energética para muchos de estos hogares.
Por grupos los mayores incrementos se dan en Vestido y calzado, con una variación del 10,4%, que recoge el comportamiento de los precios al comienzo de la temporada de primavera-verano, Vivienda cuya tasa del 3,3% es debida a la subida del precio de la electricidad y, en menor media, del gasóleo para calefacción y Transporte, que presenta una tasa del 2% causada por el incremento de los precios de los carburantes y lubricantes para el transporte personal. Por el contrario, Ocio y Cultura baja los precios en un -0,6%, seguido por Bebidas alcohólicas y tabaco con un -0,5%. Los incrementos anuales más significativos vienen de la mano de Vivienda y Transporte con un 11,1% y un 7,1% como consecuencia de las subidas de los precios de los carburantes y de la electricidad.
La inflación subyacente, es decir la estructural, que no tiene en cuenta ni los alimentos no elaborados ni el precio de los carburantes, aumento un 0,8% en abril situándose en el 0,2% anual, con lo que se mantiene constante respecto al año anterior no contribuyendo al incremento del IPC general. Este dato sitúa la inflación subyacente 2,4 puntos por debajo de índice general, lo que refleja de forma muy clara el fuerte impacto que tienen en el IPC los precios energéticos.
Valoración
CCOO de Aragón considera preocupante el aumento de los precios de los productos energéticos que supone un gasto muy elevado para los hogares con rentas escasas, lo que produce un impacto negativo en términos distributivos y de desigualdad. Por ello, el sindicato considera imprescindible acometer una reforma del sistema energético que evite subidas tan pronunciadas y permita una reducción de las tarifas para aquellas familias con menos ingresos.
Además de regular los precios de los productos energéticas, CCOO cree necesario seguir avanzando en otras medidas de protección del empleo y de las personas como la prórroga de los ERTEs manteniendo la prohibición de despedir; mejorar el Ingreso Mínimo Vital, facilitando y agilizando los trámites para que llegue a todas las personas que lo necesitan y aún no lo reciben; así como recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores y mejorar los salarios más bajos.
En este sentido, resulta esencial incrementar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2021 y asegurar que los convenios colectivos garanticen un salario mínimo de al menos 1.000 euros al mes, como se comprometieron las organizaciones sindicales y empresariales en el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), lo que repercutiría en los salarios más bajos y garantizaría una recuperación económica justa y duradera.
