El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, ha asistido tanto al Consejo Consultivo de Política Agrícola como a la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, donde se ha debatido sobre el Plan Estratégico Nacional que contribuirá al diseño de la PAC post 2020.
Para el consejero, “los enfoques sectoriales de la PAC, es decir la ayuda a producciones concretas, suponen un problema más que una solución y, junto con los derechos históricos, vienen a dificultar los cambios en profundidad que planteamos desde Aragón en favor del modelo familiar profesional, de la incorporación de los jóvenes al sector y la de las mujeres”.
“No hay que olvidar que los derechos históricos, así como los agravios territoriales derivados de la regionalización (estratos) son consecuencia de las ayudas la sectoriales del pasado, por lo que volver a poner nuevamente el foco de la PAC en esta idea conlleva el riesgo de caer en el mismo error generando nuevos agravios entre beneficiarios” ha manifestado Olona.
“Las ayudas a las producciones concretas, bien sea a través de las ayudas asociadas o de los nuevos ecoesquemas, no garantizan por sí mismas que el apoyo se concentre en el modelo familiar que todos decimos defender, ni en los profesionales, ni en los jóvenes ni tampoco en las mujeres” ha insistido el consejero, puesto que “los sectores están configurados por un conglomerado heterogéneo de productores de muy distintas características socioeconómicas”.
Olona subraya que “si de verdad se quiere defender a los agricultores y agricultoras profesionales, así como a los jóvenes es preciso pasar de la retórica a la acción sabiendo que la solución no pasa por apoyar a unos sectores productivos más que a otros, sino que exige concentrar la ayuda expresamente en estos perfiles concretos y en el marco del modelo familiar”. Y es que para el consejero “no se trata de apoyar a las producciones de forma genérica, sino a los productores de un determinado perfil socioeconómico, y más concretamente, a los agricultores y ganaderos que, teniendo una elevada dependencia económica agraria, sufren una mayor brecha de renta”.
El agricultor genuino (al menos 30% de ingresos agrarios) y, sobre todo, el agricultor genuino plus (50% de ingresos agrarios y alta en la seguridad social agraria) que acreditando una actividad mínima no alcanza la renta agraria de referencia, establecida anualmente por el Ministerio de Agricultura desde hace más de 20 años, es -a juicio del consejero- quien debe concentrar la ayuda “con independencia de lo que produzca y del tipo de ayuda que reciba”.
En el caso de la mujer, Olona ha trasladado al ministro su propuesta de aumentar en un 5% las ayudas directas del primer pilar a las agricultoras. Lo que el consejero ha definido como “una apuesta política para demostrar el compromiso real con las mujeres refrendado en medidas concretas”. La propuesta se centra en las beneficiarias que cumplan con la condición de agricultora genuina plus y cumplan con unos requisitos adicionales.
Asimismo, el consejero propone a través del PDR –segundo pilar- promover, facilitar y reconocer la elaboración de planes de igualdad y el desarrollo de iniciativas que busquen la conciliación familiar. Considera de vital importancia “favorecer la participación efectiva de la mujer en los órganos directivos de las distintas organizaciones que representan al sector”.
Volviendo a la sectorización, ha afirmado que “la discusión de las ayudas de la PAC en función de los sectores productivos únicamente tiene la ventaja de ser, aparentemente, más comprensible y, sobre todo, evita pronunciarse sobre las condiciones sociales y económicas que deben reunir los perceptores de la PAC” asevera Olona.
En cualquier caso, el consejero piensa que “las ayudas a las producciones concretas deben aplicarse, con carácter excepcional, para situaciones muy concretas como es el caso de la ganadería extensiva, vinculada preferentemente a razas autóctonas y ecosistemas cuya estabilidad dependa del pastoreo y, ello, siempre y cuando quede garantizado el aprovechamiento directo de los pastos por parte del habido del perceptor de la ayuda”.
En el caso de las frutas y hortalizas, además de insistir en “la necesidad de que se incorporen a la ayuda directa a la renta”, el consejero considera preciso “adoptar medidas dirigidas a mejorar la eficacia de las Organizaciones de Productores y de los Programas Operativos en relación con la concentración de la oferta y la promoción comercial”. Para ello, desde el Gobierno de Aragón se viene planteando la necesidad de reducir las cuantías destinadas al apoyo de las inversiones en plantaciones e instalaciones, que pueden y deben abordarse a través de los programas de modernización de exportaciones y de industrias agrarias, para aumentar significativamente el apoyo a las inversiones en promoción comercial y desarrollo de mercados.
Por otro lado, hoy se ha comenzado a debatir sobre cómo se van a distribuir el presupuesto en el Programa de Desarrollo Rural (segundo pilar) y en este sentido el consejero ha defendido la postura de “que se tenga en cuenta el grado de ejecución del programa vigente” por considerar que es lo “justo” y además “beneficiaría a Aragón”-a la cabeza de la ejecución- al haber hecho los deberes.
Aragón es la primera comunidad en grado de ejecución del PDR, superando el 93% en gasto comprometido. La media nacional se sitúa en el 74%, 19 puntos por debajo del compromiso de ejecución del programa aragonés.
Asimismo, el consejero ha introducido en el debate la necesidad de que en el Programa de Desarrollo Rural “se tenga en cuenta la población en el medio rural a escala municipal y no a escala provincial como plantea el Ministerio”, algo que perjudicaría a Aragón por la concentración de la población en las capitales de provincia y su baja densidad.
