En una reciente comunicación dirigida al Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE), entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, el Gobierno de Aragón ha expresado su aceptación a la tercera ampliación de los fondos destinados al fomento del autoconsumo eléctrico en almacenamiento y gestión. No obstante, ha manifestado su pesar por la negativa del IDAE a simplificar el proceso de tramitación.
En una carta enviada por la vicepresidenta segunda y consejera de Economía, Empleo e Industria, Mar Vaquero, el Gobierno aragonés ha señalado su compromiso de no renunciar a la parte que le corresponde de los 500 millones de euros destinados a esta ampliación. Aunque esta decisión busca evitar perjudicar a los beneficiarios aragoneses, se ha destacado que cumplir con las condiciones del Gobierno central podría poner en riesgo la ejecución en tiempo y forma.
La carta enviada recalca que la aceptación por parte de Aragón se ha realizado bajo la amenaza del IDAE de perder el derecho a estos fondos si la petición no se formaliza antes del 7 de diciembre. Asimismo, el Gobierno aragonés lamenta no haber recibido respuesta positiva a las «sugerencias» de mejora planteadas por las comunidades autónomas, algunas de las cuales podrían haber sido aceptables con una mayor «voluntad política».
Doce comunidades autónomas, así como las ciudades de Ceuta y Melilla, presentaron comunicaciones al IDAE en noviembre y diciembre, destacando la necesidad de racionalizar y simplificar la carga administrativa, introducir criterios más flexibles y avanzar hacia un sistema de costes simplificados. Además, se solicitó compartir información trimestral sobre la evolución de las ayudas, modificar las bases reguladoras para evitar duplicidades y elaborar un manual de buenas prácticas de gestión.
La vicepresidenta del Ejecutivo aragonés ha recordado que el Gobierno de España es responsable del diseño de los programas y las bases reguladoras, lamentando que las comunidades autónomas se encuentren con un diseño y una carga documental que hace inviable la gestión de los fondos.
En este contexto, todas las autonomías consideran crucial la modificación del procedimiento para evitar sumir a ciudadanos y empresas en gestiones administrativas que podrían resultar inviables. La vicepresidenta ha subrayado la lógica necesidad de que el Gobierno central tome en cuenta las sugerencias de las administraciones encargadas de tramitar estas ayudas, señalando la falta de voluntad de negociación por parte del Gobierno central para llegar a acuerdos que mejoren la eficacia de la gestión de estos fondos.
