El Gobierno de Aragón ha valorado positivamente la aprobación en el Congreso de los Diputados de una proposición no de ley que reclama un fondo de compensación de 87 millones de euros para la comunidad. Estos fondos, según el Ejecutivo aragonés, son necesarios para garantizar los servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación y los servicios sociales.
La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha lamentado el voto en contra del grupo socialista y de sus diputados aragoneses, recordando que en las Cortes de Aragón el mismo partido había respaldado previamente esta reclamación. «Defender una financiación justa es una cuestión fundamental para nuestra comunidad», ha señalado.
El origen de esta reclamación está en una comunicación del Ministerio de Hacienda sobre las entregas a cuenta de 2025, basada en la liquidación de 2023. Según los datos del ministerio, mientras la mayoría de comunidades reciben más ingresos debido al crecimiento económico, solo Extremadura y Aragón sufrían pérdidas. En el caso de Aragón, la reducción alcanzaba los 87 millones de euros, mientras que Extremadura perdía 8 millones.
El Ejecutivo aragonés rechaza que esta situación continúe afectando a los ciudadanos de la región. «Mientras otras comunidades aumentan sus ingresos, Aragón se ha convertido en la última en el reparto de entregas a cuenta», ha señalado Vaquero.
Vaquero también ha destacado que históricamente ha habido consenso en Aragón sobre la necesidad de un sistema de financiación autonómica que tenga en cuenta las particularidades demográficas de la comunidad. Sin embargo, ha criticado que con el cambio en la secretaría general del PSOE aragonés, la posición del partido ha variada y ahora ya no apoyan esta reclamación desde la llegada de Pilar Alegría.
