El Gobierno de Aragón ha expresado su preocupación por el nuevo proyecto de Real Decreto que regula los requisitos de sostenibilidad energética y medioambiental para los centros de datos, publicado recientemente en el Boletín Oficial del Estado. La consejera de Economía, Competitividad y Empleo, Eva Valle, ha señalado que el margen de tiempo para presentar alegaciones es extremadamente limitado, con solo ocho días para responder a una norma que cambiaría significativamente las condiciones para estos proyectos en tramitación.
Un proyecto que genera incertidumbre
Valle ha manifestado su sorpresa por la falta de comunicación entre el Gobierno central y las administraciones locales, así como con los sectores afectados. Según la consejera, el tiempo transcurrido desde la aprobación del Real Decreto-Ley 7/2026 en marzo, sin un proyecto claro ni diálogo, ha llevado a una situación de “alarmante inseguridad jurídica” que podría poner en riesgo las inversiones en Aragón. La normativa, que establece requisitos más estrictos que los inicialmente propuestos, podría afectar a todos los proyectos de centros de datos en la comunidad, creando un escenario de incertidumbre para los inversores.
Críticas a la gestión del acceso eléctrico
Eva Valle también ha rebatido las afirmaciones del delegado del Gobierno en Aragón, quien sugirió que la regulación busca evitar un aumento en la factura eléctrica de los aragoneses. Valle ha argumentado que este enfoque es erróneo y que el verdadero problema radica en la incapacidad del Gobierno para gestionar adecuadamente la red de transporte eléctrico, lo que ha generado dificultades de acceso al sistema eléctrico no solo para los centros de datos, sino también para actividades económicas y viviendas en la región.
La consejera ha subrayado que esta situación no está relacionada con los precios de la electricidad, sino que afecta directamente al futuro económico de Aragón y a la credibilidad de la comunidad como destino para nuevas inversiones.
El Gobierno de Aragón se prepara para presentar sus alegaciones antes del 4 de septiembre, buscando mitigar el impacto de esta regulación que, según Valle, podría perjudicar gravemente el desarrollo de la infraestructura digital en la comunidad.
Esta situación resalta la necesidad de un diálogo efectivo entre las administraciones y el sector privado para asegurar un marco regulatorio que beneficie a Aragón y sus capacidades en el ámbito de la energía renovable y la tecnología digital.
Esta información se ha elaborado a partir de una comunicación remitida a Diario Aragonés y ha sido editada y revisada por la redacción.
