El Lugarteniente, Javier Hernandez, por indisposición del Justicia Dolado ha hecho entrega esta mañana al Presidente de las Cortes de Aragón, Javier Sada, del Informe Anual de 2021 que recoge la memoria de actividad de nuestra Institución y que analiza las funciones que el Estatuto de Autonomía, cuyo 40 aniversario celebramos en este año, le otorga en defensa del mismo, del ordenamiento jurídico aragonés y de los derechos que del Estatuto emanan para la ciudadanía.
Aunque las dos primeras funciones, junto a su secular historia, singularizan a nuestra Institución; es la defensa de los derechos individuales y colectivos la que ocupa la mayor parte de la actividad del Justiciazgo.
En el ejercicio 2021 se han tramitado 2699 expedientes (2130 en 2020, 1612 en 2019 y 1764 en 2018), y como resultado de estos se han dictado 270 resoluciones (237 en 2020, 261 en 2019 y 237 en 2018).
Dichas cifras muestran la confianza que depositan los aragoneses en la Institución pues, aunque en 2018 se abandonara como referencia el computo de quejas para agrupar las mismas por medio de expedientes, estos siguen teniendo un crecimiento constante y notable.
No obstante, entendemos que el aumento de aproximadamente un 30% tanto en expedientes como en resoluciones refleja el alto número de asuntos que, como indicábamos en el Informe de 2020 se realizaron sin una tramitación «ordinaria» (habida cuenta de la urgencia y las circunstancias), así como de la persistencia en las dificultades que los ciudadanos aragoneses siguen percibiendo y sufriendo en su interacción con las diferentes administraciones aragonesas.
Tanto es así que en la introducción que el Justicia Dolado realiza al comienzo del Informe expresa: «Si tuviera que marcar dos grandes líneas maestras que recorren toda la casi totalidad de áreas serian: las carencias en la accesibilidad de los ciudadanos a la administración y el aumento de la exclusión social. La generalización de los sistemas de citas previas, las gestiones exclusivamente telemáticas o la falta de personal de atención directa al público están generando muchas de las quejas de los aragoneses.
Claro ejemplo de ello es el aumento de un 253% de los expedientes relativos a sanidad, pasando de 153 expedientes en 2020 a 380 en 2021, y muy especialmente que el número de expedientes referidos a la atención primaria se aproxime a los relativos a lista de espera quirúrgica, siendo este último el motivo por el que tradicionalmente más quejas se han recibido en la Institución en materia de sanidad. Los ciudadanos manifiestan dificultades y excesiva demora tanto para acceder a este nivel asistencial como para una primera consulta con el especialista o la realización de pruebas diagnósticas.
La inquietud motivada por las decisiones que debían sobre la incorporación de los alumnos a las aulas en el segundo trimestre del curso 2020/2021, o cómo proceder en la llegada del curso 2021/22 han sido el objeto de tramitación de numerosos expedientes en el área de educación, pero en este mismo área hemos de destacar las necesidades en tecnologías para la obligada educación semipresencial y/o digital, que como ya indicáramos en el pasado Informe ha generado situaciones de exclusión para colectivos vulnerables.
Y el aumento de la exclusión social es otra de las preocupaciones del Justicia Dolado, quien en su análisis del Informe expresa que «es cierto que todas las crisis agudizan la misma y somos conscientes de que la recuperación no puede ser milagrosa. Pero no es menos cierto que durante estos casi dos largos años de pandemia hemos repetido hasta la saciedad aquello de que de esta saldríamos unidos y sin dejar a nadie atrás. Y cada vez son más quienes quedan descolgados de los estándares mínimos necesarios para llevar una vida digna y plena en todos los aspectos«.
Por ello, el Justicia destaca igualmente que «si entendemos nuestra educación como motor frente a las desigualdades, cuando estas generan colectivos vulnerables o los ciudadanos requieren una atención singular, nuestra mirada debe ir a nuestros servicios sociales».
En Servicios Sociales, durante este año, ha existido un alto nivel de quejas presentadas, un 53% más que en el ejercicio anterior, si bien, se ha producido una traslación importante, ya que han pasado de estar centradas en Residencias de personas mayores, Covid ,y prestaciones, a que sean estas últimas las que han acaparado mayor número de expedientes, especialmente con relación al IMV, el IAI y PACIMV, sobre las que se han operado cambios normativos que han afectado a la tramitación de dichas prestaciones, generando incertidumbre entre las personas afectadas.
