Entre las herramientas que el Justicia dispone para sus funciones como defensor de la ciudadanía está la realización de informes especiales, que permiten realizar un análisis en profundidad de materias que conciernen a los derechos colectivos.
Los informes especiales se abordan con el fin de obtener un diagnóstico amplio sobre
una problemática que esté afectando a un sector de la población, y tienen como objetivo aportar sugerencias y recomendaciones para mejorar la actuación de las
administraciones con competencias en esa materia.
De esta forma, el Justicia Dolado decidió que en 2021 debería acometerse un trabajo
sobre la situación en la que se encuentra la vivienda social, definiendo la misma como aquel recurso para unidades familiares en situaciones de vulnerabilidad, de carácter temporal que, formando parte de un itinerario configurado desde los servicios sociales y con su acompañamiento permita el acceso a estas familias al mercado libre de vivienda.
Como en otras materias analizadas desde esta Institución, este estudio ha constatado que la falta de coordinación entre las distintas administraciones y entidades del sector es una de las razones que impiden una mejor gestión de los recursos disponibles y que, por tanto, resulta del todo necesario establecer acciones conjuntas y mecanismos de comunicación entre ellas.
Este Informe ha sido elaborado por el equipo del Justicia de Aragón mediante una
recopilación de datos procedentes de las administraciones y entidades implicadas, así
como con los resultados de las reuniones mantenidas en nuestra sede con los
responsables de estas y de los colectivos destinatarios de esta prestación.
El trabajo está centrado en la oferta pública de vivienda social, y las conclusiones y
recomendaciones que aporta tienen en cuenta la transversalidad y pluralidad en las
causas que generan su necesidad y en las posibles medidas que mejoren su gestión
Por último, el Justicia es consciente de que el problema de la vivienda social no se puede resolver solamente desde las políticas basadas en la oferta, sino que hay que incidir en las razones que provocan su extraordinaria demanda; especialmente el desempleo, la temporalidad y la preocupante precarización del mercado laboral.
Conclusiones que recoge el Informe Especial sobre Vivienda Social en Aragón:
• No existe a fecha de emisión de este informe una base de datos que reúna el conjunto de
viviendas sociales existentes en Aragón, ya sean de titularidad pública o privada, que pueda ser utilizada
por los distintos servicios sociales o entidades implicadas en proyectos de integración de personas o
familias en situación de vulnerabilidad. Debería ser la Administración quien elaborara dicho catálogo de
viviendas.
• De los datos existentes, hay unanimidad en considerar que el parque de vivienda social es
claramente insuficiente para atender las necesidades existentes. Situación que se arrastra desde hace
muchos años, que se agudizó en la crisis del 2008 y que se está viendo desbordada por los efectos de la
pandemia derivada del Covid-19.
• El concepto de “vivienda social” no es unívoco en el ámbito de las administraciones,
produciéndose en muchos casos la confusión entre el mismo y el de “viviendas de alquiler asequible”.
Asimismo, debería delimitarse los supuestos de “vivienda especializada” dirigidas a actuaciones con
colectivos concretos.
• Los sistemas de acceso a los recursos existentes en la materia, junto a la ya mencionada cuestión
conceptual, carecen de una necesaria homogeneidad, pudiendo llegar a producir situaciones
discriminatorias en función de la administración o entidad a la que se dirija el ciudadano o el sistema de
servicios sociales actuante.
• Se carece en líneas generales de instrumentos que permitan la transición desde los recursos
existentes en materia de vivienda social al mercado libre de vivienda a la que debería llegarse tras la
finalización del proceso de integración. La falta de actuaciones en la materia sin la utilización de los
recursos dentro de un itinerario de integración fruto de un proyecto concreto, está llevando a
cronificaciones, mal uso y bloqueo de recursos.
• Si bien el Convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno de
Aragón, la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), sobre la detección de
supuestos de vulnerabilidad con ocasión del lanzamiento de vivienda familiar y medidas de carácter social,
es un instrumento útil para afrontar la situación extrema de los procedimientos de desahucio, y la
conclusión en el lanzamiento de la vivienda, en la práctica ha producido una distorsión en el sistema, al
tenerse que reservar para su efectividad la casi totalidad de medios-viviendas existentes, de tal forma que
no se puede acceder a los recursos por otras vías, lo que incluso lleva a que determinados ciudadanos
“busquen” el desahucio por falta de pago para que les sea aplicado el Convenio y evitar listas de espera.
• En el medio rural son prácticamente inexistentes los recursos de vivienda social, existiendo
viviendas de titularidad pública utilizada para asentar población en la mayoría de los casos, lo que conlleva
el éxodo de unidades familiares con problemas de vulnerabilidad habitacional hacia entornos urbanos en
los que sí existen estos recursos, cuando se producen situación de emergencia. Existe en muchos casos
un rechazo frontal a la implementación de recursos bajo criterios de problemas de convivencias.
• Se constata que el mercado inmobiliario privado, ya sea de venta o de alquiler, no está
garantizado, por sí mismo, el derecho a la vivienda digna y adecuada que reconoce el artículo 48 de la
Constitución. Por tanto, se hace necesario que la iniciativa pública actúe incidiendo en este mercado, en
defensa del interés general tal como lo recoge el artículo 128 de la Constitución.
