El Partido Popular quiso hoy prestar su voz en el Parlamento autonómico a los aragoneses que desde hace más de dos décadas defienden desde la plataforma Sijena Si la recuperación de los diferentes bienes eclesiásticos del Aragón oriental expoliados por distintos gobiernos de Cataluña. “Llega el momento de hacerlas nuestras y mostrar no solo la voluntad de estas Cortes, que es patente, sino traducirlo en decisiones concretas que hagan realidad esas propuestas, materializándolas en acuerdos para que tengan su reflejo ya en los próximos presupuestos del Gobierno de Aragón” explicó el diputado autonómico oscense Antonio Romero durante la defensa de una proposición no de ley en la que pidió, entre otras acciones, considerar el año 2023 como ‘Año de Sijena’ coincidiendo con el centenario de la declaración del monasterio como Monumento Nacional.
La motivación de oportunidad de Romero para presentar esta iniciativa legislativa que en su texto final recoge las aportaciones formuladas por el Ejecutivo, procede de la última sentencia judicial favorable a los intereses aragoneses del cinco de octubre de 2020, donde la Audiencia Provincial de Huesca desestimo los recursos de apelación interpuestos por la Generalitat y el Museo Nacional de Arte de Cataluña, confirmando así el fallo del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Huesca, de 4 de julio de 2016, que ordenaba el retorno de las pinturas murales al Real Monasterio de Santa María de Sijena.
Una sentencia que definitivamente aplica hacia la recuperación de unas obras emblemáticas y que allana el camino hacia el ‘Año Sijena’ pero que para su celebración precisa, según recoge el texto aprobado ‘continuar con los trabajos ya iniciados de redacción de un protocolo para el traslado, recepción e instalación de las pinturas murales en colaboración con la Escuela de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Aragón y contando con la opinión y aportación de expertos de reconocido prestigio a nivel autonómico, nacional e internacional’. Un acuerdo que entre otras razones servirá, explicó, “para evitar que las autoridades catalanas pongan en entredicho la viabilidad de su conservación y lo utilicen como argumento en sus maniobras dilatorias para retrasar su devolución”.
Otras propuestas de Antonio Romero respaldadas por las Cortes de Aragón fue la creación de un patronato para la gestión y desarrollo turístico del monasterio y su entorno, para la búsqueda de financiación externa que ayude a recuperar, sostener y dignificar todo el conjunto histórico y la suscripción de un nuevo convenio con las propietarias de Santa María de Sijena que permita un régimen de visitas más flexible y la reapertura de la zona museística suprimida por la COVID-19. La iniciativa legislativa recoge además la habilitación de una partida presupuestaria suficiente para acometer todas estas acciones.
